Juan Bolívar Díaz.
Con nota de 32 puntos sobre 100, la República Dominicana vuelve a quemarse en el Indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
Los niveles de corrupción e impunidad que se registran en el país son un aliento permanente a la delincuencia en los jóvenes excluidos de las oportunidades de una vida digna pero también en los organismos llamados a combatirla como la Policía Nacional, la dirección de Control de Drogas y las Fuerzas Armadas.
La República Dominicana volvió a quemarse en el Indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI) publicado esta semana con una nota de 32 sobre 100, compartiendo con Ecuador el séptimo escalón más bajo entre 32 países americanos y en la posición 118 entre 176 de todos los continentes.
Con rampante corrupción
El Indice de Percepción de la Corrupción de TI entregado por Participación Ciudadana, que es su capítulo nacional, ratificó al país entre los más corruptos de América y del mundo, aunque no en los últimos escalones como quedó en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial de septiembre pasado.
El país aparece entre los que a juicio de la prestigiosa institución tienen niveles “rampantes” de corrupción, mayor al de 117 de los 176 países evaluados a nivel mundial. Entre 32 de América comparte con Ecuador la nota de 32 puntos en un escalafón de 100, lo que en la nomenclatura escolar dominicana equivale a quemadura absoluta.
Sólo seis de los países americanos incluidos en la evaluación registran un mayor índice de corrupción. Haití y Venezuela son los peores con nota de 19, seguidos por Paraguay, Honduras, Guyana y Nicaragua, que obtienen puntuación de 25, 28 y 29. Canadá, con 84 puntos y Estados Unidos con 73 encabezan la transparencia en el continente, seguidos de Chile, Uruguay, Puerto Rico, Costa Rica y Cuba, que registran entre 72 y 48 puntos. A nivel mundial los países mejor evaluados son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelandia, que alcanzan 90 puntos. Canadá tiene la mayor puntuación entre los americanos, con 84.
El Indice de TI data de 1995, pero este año tiene nueva metodología, por lo que no se pueden establecer comparaciones con los años anteriores. Refleja cómo son vistos los países en términos de transparencia por el mundo de los negocios, académicos y organismos internacionales.
Aunque en esta evaluación la República Dominicana resulta quemada, aparece relativamente mejor que en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial publicado en septiembre pasado, donde ocupó el escalón 144 tanto en despilfarro del gasto gubernamental como en favoritismo de los funcionarios públicos, y el 142 en desvío de los fondos públicos, entre 144 países evaluados.
Criminalidad y corrupción
El índice de TI, como también el del Foro Económico Mundial, marca una correlación entre criminalidad y corrupción, tanto a nivel universal como en América. Las naciones donde hay menor corrupción son a la vez las de menores niveles de criminalidad. A nivel internacional Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelandia, en América Canadá, Estados Unidos, Chile, Uruguay y Costa Rica, encabezan tanto la transparencia como la seguridad ciudadana.
En cambio Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala y México, que encabezan la corrupción en ambos índices, tienen a su vez las más altas tasas de criminalidad del continente, aunque hay excepciones como El Salvador y Jamaica, cuya criminalidad es alta pero tienen más control de la corrupción.
Los profesionales de la conducta y los cientistas sociales suelen sustentar la correlación entre corrupción y criminalidad, mayor cuando las instituciones son débiles, ineficientes o parte de la corrupción misma y en consecuencia predomina la impunidad, que se convierte en el mejor caldo de cultivo de la criminalidad.
Si el sistema político y los funcionarios estatales están permeados por la malversación y la corrupción, sobre todo cuando es visible y no conlleva responsabilidad, en los demás estamentos sociales se relaja el concepto de la ley y de la honestidad, generalizándose y normalizándose la apropiación de lo ajeno y colectivo.
Esa apropiación se manifiesta de forma diferente en relación a la posición que ocupan los delincuentes en la sociedad. Los altos ejecutivos públicos y privados no tienen que apelar a las armas ni a la violencia física para acumular riquezas de forma ilegítima. En la base de la sociedad, los individuos tienden a utilizar la violencia a menudo para la simple subsistencia o para la acumulación en actividades ilegítimas como el narcotráfico.
El efecto demostración
Desde los años sesenta los teóricos de la comunicación abundaron sobre el efecto demostración de la riqueza a través de la televisión y los impresos en los sectores depauperados. Ello cobra mayor vigencia cuando se trata de la riqueza mal habida y acelerada que exhiben los funcionarios y dirigentes políticos. Es tanto que en países donde se ha disparado la delincuencia, los grupos de altos ingresos tienden a ocultar los llamados “signos exteriores de riqueza” para reducir sus riesgos.
El aliento a la delincuencia se produce también de forma directa a través de los choferes, vigilantes, guardaespaldas, empleados domésticos, mensajeros, mozos y otros trabajadores cuando contactan directamente el derroche en que viven sectores privilegiados, sobre todo cuando se dan cuenta de que no ha sido fruto del trabajo, sino de la corrupción. Afecta especialmente a los llamados “ninis”, los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que no tienen mayores razones para respetar las reglas de una sociedad que no les da oportunidades de alcanzar un nivel de vida digno y que permite o auspicia la concentración de los bienes por vía de la apropiación de lo colectivo.
El mismo efecto se reproduce entres militares y policías que en el caso dominicano reciben salarios de hambre que los inducen a “buscárselas” como puedan, incluso asociándose a la delincuencia común, para sostener a sus familias. Los que se deslumbran con las riquezas fáciles obtenidas por los funcionarios y políticos con los que están en contacto, dan el salto a actividades más lucrativas como el narcotráfico.
Estudiosos como la antropóloga Tahíra Vargas sostienen que la asociación de fuerzas policiales son la delincuencia ha alcanzado tasas tan altas que implican una total restructuración de las fuerzas policiales para hacer frente a la creciente criminalidad, cuyos niveles reales no se miden más allá de los homicidios, porque la desconfianza en la policía determina que muchos de los asaltos, robos y violaciones no se denuncien. El país apareció también en el último escalón del índice del Foro Económico Mundial en el renglón confianza en la institución policial entre 144 países.
La ejecución como respuesta
En estos días como cada vez que la delincuencia comete una barbaridad como el atentado que ha dejado en agonía visual a la joven ingeniera Francina Hungría, cobra vigor la pretensión de que el problema se resuelve con ejecuciones sumarias de delincuentes o endurecimiento de las penas, como si la máxima de 30 años fuera poca.
Esta semana se llegó al extremo de que en una sesión oficial, varios diputados dieron recomendaciones al Jefe de la Policía Nacional sobre la forma de eliminar delincuentes y hubo alguno que hasta le recriminó por haber capturado vivo a uno de los asaltantes de la joven Hungría, lo que dejó en evidencia el primitivismo con que se pretende controlar la delincuencia.
La ejecución sumaria, en supuestos “intercambios de disparos”, se generalizó en las últimas dos décadas. En 1999 hubo alarma cuando se llegó a contar 250 muertos a manos de la policía, en el 2001 descendieron a 171, pero ya para el 2005 fueron 437 y 455 en el 2008, según estadísticas de la Procuraduría General. Luego han oscilado entre 200 y 300, promediando sobre 250 por año, lo que totalizaría más de tres mil, pero en vez de contener la delincuencia y la inseguridad estas han aumentado.
Esa política policial ha barbarizado la sociedad dominicana cobrando centenares de vidas de inocentes, por ejemplo la del padre José Antonio Tineo en 1999, la jovencita Arlene Pérez, asesinada un disparo policial en el 2004 la noche en que su novio la dejaba en su casa de Arroyo Hondo, el comerciante y pastor evangélico de Jarabacoa Manuel Adalberto Jiménez, y los cinco choferes asesinados por una patrulla en el parque Mirador del Sur el 30 de diciembre del 2012.
Inversión para la seguridad
En más o menos medida todos los gobiernos han auspiciado el primitivo método de la ejecución sumaria como forma de enfrentar la delincuencia, contribuyendo a una institución policial al margen de la ley, donde no han faltado quienes han degenerado al sicariato. Todos han planteado, ahora también, una reforma policial que ha quedado en papeles o en la superficialidad
Ni siquiera han podido abordar el problema fundamental de unos sueldos que no incentivan la función policial y la honestidad y que no atraen a miles que quisieran un empleo decoroso. La tabla anexa muestra los irrisorios niveles de salarios de la PN, que no se diferencian de los de las Fuerzas Armadas y de la Dirección de Control de Drogas.
Con 32 mil 947 miembros 52 generales, a octubre pasado, el jefe de la PN ganaba 74 mil pesos, los coronales de 20 a 21 mil, los tenientes de 11 a 12 mil, sargentos de 7 a 9 mil y cabos y rasos apenas sobre 6 mil pesos mensuales. La primera inversión tendría que ser en salarios, pero eso parece difícil de entender en una sociedad donde abunda la hipocresía y la ficción.
Nómina de la Policía Nacional.
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