Criminalidad y la teoría de las ventanas rotas

En marzo de 1982 el politólogo James Q. Wilson y el criminólogo George L. Kelling publicaron un ensayo en la revista cultural The Atlantic Monthly con el título Broken Windows, en el que por primera vez introdujeron la teoría de las ventanas rotas como enfoque criminológico para lidiar con la creciente ola de crímenes en los principales centros urbanos de Estados Unidos. La teoría derivó su nombre del ejemplo que estos autores usaron para describir con palabras sencillas las bases de dicho enfoque. Dijeron lo siguiente: consideren un edificio con algunas ventanas rotas. Si las ventanas no son reparadas, la tendencia de los vándalos será romper más ventanas y eventualmente entrar al edificio, y si el mismo está vacío ocuparlo o prenderlo en fuego. En este sentido, la recomendación de los autores fue que había que reparar las ventanas aun esto pareciera un hecho menor, pues era la única forma de evitar un deterioro que diera vida al vandalismo y la criminalidad.

Posteriormente, a mediados de los años noventa, la teoría de las ventanas rotas derivó en la denominada política de “cero tolerancia”, cuya aplicación práctica se atribuye a Rudy Giuliani cuando este asumió la alcaldía de Nueva York en 1993, posición a la cual fue reelecto en 1997. La noción central de esta política consiste precisamente en que la autoridad haga valer la ley aun en los casos de pequeños crímenes a modo de evitar que se creen zonas fuera de control que hagan crecer la criminalidad. Mucho se ha escrito sobre la eficacia de esta política –la misma tiene sus defensores y detractores-, así como sobre los excesos que se han cometido en nombre de la misma.

República Dominicana vive un momento que requiere una aplicación local de la teoría de las ventanas rotas o una política de cero tolerancia, pero no en el sentido equivocado de combatir la criminalidad usando métodos ilegales y violatorios de los derechos de las personas, sino en el sentido de hacer valer cada vez más la presencia del Estado y de la Ley en cualquier ámbito en el que, por pequeño o insignificante que parezca, se presenten condiciones que puedan alimentar la criminalidad. Con frecuencia se observa cómo un área determinada que gozaba de tranquilidad, orden y limpieza –un parque y sus alrededores, por ejemplo- comienza a ser ocupado poco a poco por personas, vehículos y negocios en violación de toda norma aplicable, lo que deviene en un espacio fuera del control de las autoridades, ya sean municipales, medioambientales, de tránsito o policiales, lo que a su vez crea el ambiente para que se desarrolle el “crimen pequeño” que más adelante da lugar a formas más complejas de criminalidad.

Por supuesto, la aplicación de la teoría de las ventanas rotas no es tan simple como decir que solo falta la voluntad de hacerlo. Hay factores y contextos socio-económicos, institucionales y culturales que condicionan la efectividad de esta o cualquier otra política criminológica. La pobreza y la falta de oportunidades de los jóvenes es un terreno fértil para la criminalidad, pero si en los ambientes en los que estos habitan y se desenvuelven no hay una presencia del Estado que haga valer la Ley las posibilidades de que el crimen se desarrolle aumentan todavía más. Igualmente, una comunidad ajena y apática ante el deterioro de su entorno vital, o simplemente atemorizada a veces por los propios agentes del Estado, tampoco ayuda a combatir la criminalidad.

La dimensión institucional es una clave fundamental en toda estrategia de combate al crimen y la inseguridad. Con una Policía Nacional afectada por serios problemas de corrupción, conexión con el crimen organizado, falta de profesionalización, sin control interno eficaz ni visión coherente e integral de cómo lidiar con las complejidades del crimen nacional y transnacional de hoy día es prácticamente imposible revertir el deterioro en las condiciones de inseguridad de la población. Estas deficiencias generan en la población una falta de confianza sobre quienes están encargados de protegerla, lo que, a su vez, produce una desconexión entre la gente y la institución policial que sirve para fomentar más criminalidad.

Reformar la Policía Nacional y todo el aparato encargado de la seguridad ciudadana no se reduce pura y simplemente a pasar una nueva Ley. De ser así tendríamos la solución al alcance de la mano. Cambiar los valores, los enfoques, las prácticas y los hábitos en cualquier institución estatal, especialmente en el ámbito policial, es una tarea enorme. Esto requiere voluntad, liderazgo, recursos, entrenamiento y cambios en las formas de hacer las cosas, para que, poco a poco, en un esfuerzo sostenido en el tiempo, se comiencen a ver los resultados. Los discursos grandilocuentes, esos que prometen aplicar la “mano dura” y eliminar la criminalidad de la noche a la mañana, no son la respuesta a la compleja problemática de la inseguridad ciudadana. De ser así tendríamos la solución al doblar de la esquina.

Hay otro enfoque que tampoco aporta mucho. Es el que sostiene que solo cuando –y solo entonces- se resuelvan los problemas de la pobreza y la desigualdad se podrá eliminar o reducir la criminalidad, como si la delincuencia fuera un derivado exclusivo e inexorable de determinadas condiciones sociales. Se trata de una especie de “machepismo criminológico” que considera inútil cualquier esfuerzo tendente a fortalecer los mecanismos estatales de persecución y castigo. Por supuesto, la mejor prevención es la que resulta de condiciones socio-económicas que creen oportunidades de bienestar y progreso, así como que fomenten la inclusión y la cohesión social. Pero esto no debe deslegitimar los esfuerzos que tengan como fin el fortalecimiento de la capacidad estatal –prevención, persecución, castigo- para combatir la criminalidad, pues si algo válido se puede desprender de la teoría de los vidrios rotos y de la política de cero tolerancia es que el Estado, basado en su propia legalidad, tiene que dar respuesta a la criminalidad en cualquier ámbito social en que esta se produzca, sin importar lo insignificante que parezca.