Crisis de confianza en el Poder Judicial

Uno de los aspectos que midió la encuesta Barómetro de las Américas sobre cultura política de la democracia en la República Dominicana, publicada el pasado mes de junio, fue el de la legitimidad de las instituciones en función del grado de confianza que la población tenga sobre estas. En lo que respecta al sistema de justicia, la encuesta reveló que solo el 38.5% de a población tenía confianza en el mismo, cifra mucho menor que el 46.7% que decía tener confianza en dicho sistema cuando esta encuesta comenzó a realizarse en el año 2004. Solo la Policía Nacional con 35.6% y los partidos políticos con 29.4% están por debajo del sistema de justicia en cuanto a confianza de la población se refiere, mientras que otras instituciones como la municipalidad, las Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional y el presidente de la República tienen porcentajes mucho más elevados de confianza dentro de la población. Por supuesto, el sistema de justicia está integrado no solo por el Poder Judicial, sino también por el Ministerio Público y la Defensoría Pública, pero cuando a la población se le pregunta sobre cuánta confianza tiene en dicho sistema lo que llega a su mente principalmente es el Poder Judicial, es decir, jueces y tribunales.

Quien piense que la justicia en el país no está afectada por un serio problema de credibilidad es porque está haciendo como el avestruz o mirando para otro lado. Recientes acontecimientos sucedidos en el Poder Judicial seguro que han situado la confianza de la población en esta institución en un nivel mucho más bajo del que registró la encueta Barómetro de las Américas. Una gran mayoría de la población, por ejemplo, quedó insatisfecha con los tecnicismos legales aplicados por los jueces para evitar que el senador Félix Bautista enfrentara un juicio de fondo. Y ahora se destapa un caso que envuelve a jueces de grados inferiores, algunos formados en la carrera judicial, en un esquema de corrupción que ha llevado al presidente de la Suprema Corte de Justicia a dar una rueda de prensa en la que, primero, informó que una jueza había confesado haber recibido dinero a cambio de ciertos favores judiciales y, segundo, negar vinculación alguna en ese caso. La población, por su parte, queda perpleja ante el hecho revelado, al tiempo que se pregunta si las autoridades del Ministerio Público y del propio Poder Judicial serán capaces de perseguir y enjuiciar este caso, o si, por el contrario, dejarán que pase el tiempo para esperar que alguna otra noticia haga olvidar estos acontecimientos y las cosas sigan como si nada hubiese pasado.

La pregunta clave es si el liderazgo político y del propio Poder Judicial será capaz de entender en toda su dimensión lo que está ocurriendo y a partir de esa comprensión generar iniciativas y acciones tendentes a recuperar la confianza en el Poder Judicial. En lo que respecta a la clase política, la sabiduría convencional indica que en un tiempo electoral esta no tendrá tiempo ni disposición para encarar una problemática de esta naturaleza, lo que es sumamente lamentable pues esta crisis creciente de confianza en el Poder Judicial y en el sistema de justicia en general terminará afectando inevitablemente la credibilidad de las propias instituciones políticas. Por eso el punto de referencia para un proceso de cambio y renovación tiene que ser el propio Poder Judicial, es decir, que desde dentro mismo de este poder del Estado, con su presidente y el Consejo del Poder Judicial a la cabeza, se plantee seriamente la discusión sobre el estado de cosas y qué hacer para cambiar y mejorar.

Por supuesto, otros actores tienen también que jugar su papel. El Ministerio Público es una pieza clave en el engranaje del sistema de justicia, por lo que está llamado a afrontar los problemas y retos que afectan a esta institución, la cual no ha estado exenta de escándalos que minan igualmente la credibilidad del sistema como un todo. Por su parte, la sociedad misma, a través de sus múltiples organizaciones, tiene que participar en el debate para aportar ideas que contribuyan a sacar adelante una nueva ola de reformas con miras al fortalecimiento del sistema de justicia.

Por supuesto, construir y llevar a la práctica los discursos de renovación institucional es una tarea enormemente difícil. Habrá quienes saldrán a justificar lo injustificable y hacer creer que todo anda bien en el sistema de justicia. Otros, en cambio, enarbolarán el discurso de que todo está dañado y que no hay nada que hacer con los actores del sistema. El derrotismo y el moralismo simplista es una buena manera para no impulsar las reformas. Otros vendrán con discursos grandilocuentes y mesiánicos haciendo creer que con un simple cambio en la cabeza de esas instituciones es suficiente para producir los cambios que el sistema necesita. Mientras que desde dentro del sistema de justicia puede desarrollar una actitud defensiva ante las duras críticas provenientes de diferentes sectores, lo que también es una retranca para el cambio. También existe el riesgo de las recriminaciones mutuas –la culpa es de otro- como forma de no afrontar los retos propios de cada institución clave, particularmente el Poder Judicial y el Ministerio Público.

La cuestión está en cómo aprovechar la ocasión para hacer un alto en el camino y entender que las cosas no pueden seguir como van y que la sociedad demanda cambios que fortalezcan la transparencia, los sistemas de controles y la eficiencia en las instituciones del sistema de justicia. Como punto de partida, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial tienen que salir bien parados ante los graves hechos denunciados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. La gente espera una investigación exhaustiva y sanciones ejemplarizantes. Luego corresponde hacer el diagnóstico de la situación para, a partir de este, construir una agenda de cambio que fortaleza el sistema de justicia y restablezca la confianza de la población en sus instituciones.