Cuatro implicados en caso Medusa fallan en intento de quedar en libertad
La medida fue ratificada a Alfredo Alexander Solano Augusto, Jonathan Joel Rodríguez Imbert y domiciliaria a Rafael Antonio Mercedes Marte y Altagracia Guillén Calzado.
SANTO DOMINGO.- Este martes la jueza del cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez de la Cruz, ratificó la prisión preventiva a cuatro de los procesados en la Operación Medusa, en cuyo caso aparece como principal acusado el exprocurador Jean Alain Rodríguez y que según el Ministerio Público, la red presuntamente defraudó al Estado con más de seis mil millones de pesos.
La medida fue ratificada a Alfredo Alexander Solano Augusto, Jonathan Joel Rodríguez Imbert y domiciliaria a Rafael Antonio Mercedes Marte y Altagracia Guillén Calzado.
Solano Augusto y Rodríguez Imbert cumplen 18 meses de coerción en Najayo-Hombres.
Asimismo, Guillén Calzado, exsubdirectora Administrativa y Financiera de la PGR y Mercedes Marte, exencargado del departamento de Contabilidad de la misma institución, guardan prisión domiciliaria además de impedimento de salida del país.
De acuerdo con la magistrada, su decisión se basó en que no han variado los presupuestos que dieron origen a las distintas medidas coercitivas.
Ingrid Hidalgo, abogada de Rodríguez Imbert, dijo que no recurrirá la decisión. «Luego ustedes se darán cuenta de que todo lo que investigó el Ministerio Público se trata de un juicio mediático».
En el caso figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Por este caso, Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez Sánchez, fue arrestado en España y el Ministerio Público ya hizo el trámite de la solicitud para su entrega a República Dominicana.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores y relacionados están imputados, asimismo, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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