SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En horas de la tarde de este miércoles, un equipo de la Procuraduría General de la República, acompañado por personal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y de un contingente policial, realizó el allanamiento a las oficinas de la constructora brasileña Odebrecht, ubicada en la torre Diandy XIX en la avenida Pedro Henríquez Ureña, del Distrito Nacional.
El allanamiento practicado a las instalaciones de la empresa en el país, fue sustentado por una orden judicial otorgada por el juez José Alejandro Vargas, coordinador de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La acción se produjo como parte de las diligencias investigativas que se desarrollan en torno al soborno que la constructora admitió haber pagado en República Dominicana y otros países, ante autoridades judiciales de Estados Unidos y Brasil.
La Procuraduría expresó que el allanamiento se produce en cumplimiento al debido proceso, luego de confrontar las informaciones suministradas a requerimiento de la institución, por los representantes de Odebrecht en el país, con otros datos obtenidos mediante labores de inteligencia que de manera simultánea, desde hace un tiempo, se han estado desarrollando, lo que determinó que era el momento indicado para realizar dicha incursión, con la finalidad de continuar profundizando la recolección de documentación que permita determinar responsabilidades locales, para lo cual no se escatiman esfuerzos en territorio dominicano ni en el extranjero.
La institución reiteró su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias en este caso, en el que se recuerda, existe una admisión de pago de sobornos en territorio dominicano para lograr la adjudicación de contratos para la construcción de infraestructuras del Estado, por parte de la multinacional brasileña, autoincriminación que no puede ser negada por ninguno de los representantes en territorio dominicano.
Aseguró que se avanza significativamente en las indagatorias bajo garantías procesales, así como la estrecha colaboración internacional en pie, la cual permitirá al Estado dominicano, disponer de toda la información detallada para poder esclarecer debidamente lo acontecido, y no solo establecer responsabilidades, sino también, consecuencias penales.
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