En primera fila
Mario Rivadulla
La planteó el Presidente de la Suprema Corte de Justicia al pronunciar el discurso de orden el pasado siete de enero con motivo de la apertura del año judicial, ocasión en que también, tratando de zanjar diferencias, extendió el clásico ramo de olivo al Procurador General de la República, acogido por este al igual que la propuesta del magistrado Mariano Germán.
La idea no es otra que escuchar la opinión y evaluar sugerencias de los distintos sectores relacionados con la Justicia y de otros espacios de la Sociedad Civil, con la finalidad de adoptar medidas que contribuyan a mejorar el accionar de los jueces, en mayor sintonía con el sentir de la ciudadanía, tanto como elevar la muy decaída imagen del Poder Judicial.
Esta no ha registrado precisamente buenos números de aceptación pública en las diferentes encuestas en que su nombre figura en la agenda de los temas consultados. Por el contrario, aparece cosechando elevados niveles de crítica y rechazo. La más reciente Gallup no hizo más que reforzar esa percepción.
Apelando al lenguaje que emplean los astrólogos, pudiera afirmarse que la idea de celebrar la cumbre luce “bien aspectada”. Un jurista tan comprometido con que en el país exista un Poder Judicial creíble y respetado, como lo es Servio Tulio Castaños, por cuya boca habla la prestigiosa Fundación Institucionalidad y Justicia, revela que ya se está trabajando en los temas que se llevarían a ese amplio foro.
Por su lado, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, bajo cuya gestión tuvo lugar la llamada “primera ola de reforma del Poder Judicial” que tan promisorios cambios y expectativas originó, acoge también la idea, aunque con dos advertidores señalamientos.
Uno de ellos es recomendar al alto tribunal que mantenga en todo momento el control de la cumbre, evitando la interferencia de los partidos políticos y cualquier intento de penetrar la Justicia. El otro, recordar que el propio Poder Judicial dispone de mecanismos internos para corregir sus fallas.
El tema es de suma importancia. Un país donde la Justicia hace tan profunda crisis de credibilidad y queda a la deriva, marcha rumbo a convertirse en un estado fallido. Y el primer requerimiento de la Judicatura para evitar que esto ocurra, es poder llegar a exhibir una sólida imagen de ser impermeable a la corrupción, el chantaje del privilegio y el temor de aplicar la ley sin distingos ni favoritismo.
Tratar de lograr esto queda en las manos de los propios actores que integran el Poder Judicial, tanto jueces como fiscales. Pero es una tarea que requiere también la participación y presión de toda la sociedad por el propio interés que conlleva para garantizar el orden jurídico, penalizar el delito y contribuir a la seguridad ciudadana.
Por lo pronto, sin incurrir en desatinados reclamos de exagerados aumentos de recursos por parte del Estado que por obvias limitaciones de un presupuesto deficitario resultan de imposible cumplimiento, salta a la vista que la Justicia Dominicana, verdadera Cenicienta a la hora de diseñar y aprobar la Ley de Ingresos y Gastos Públicos, requiere de una cantidad razonable de mayores medios que le permitan funcionar con un poco menos de ahogo y mayor eficiencia.
De esperar que la cumbre se celebre y arroje los resultados apetecidos en tanto no queden como simple material de consumo mediático.