Superado el dramático episodio de la banda encabezada por John Percival Matos con la muerte de este y el apresamiento del que se supone era su mano derecha, Bryan Peter Félix Paulino, así como los otros varios implicados, donde por no perder la costumbre figura un militar de rango que era quien suministraba las armas al grupo pandillero, la atención pública vuelve a focalizarse en el escandaloso caso del cuantioso soborno entregado y confesado por la Odebretch para agenciarse algunos de los sustanciosos contratos de obras que llevó a cabo y tiene en proceso de ejecución en el país.
No han perdido tiempo los periodistas que cubren la fuente de la Justicia en solicitar información sobre el tema al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. La respuesta que ha dado este es que se están profundizando las investigaciones, a cuyos efectos se ha reclamado y está a la espera de detalles solicitados tanto a Brasil como al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que llevó el peso de las investigaciones hasta sentar en el banquillo de los acusados a la empresa brasileña, a la que por lo visto le espera un largo y complejo futuro donde tendrá que afrontar un elevado desembolso económico ascendente a dos mil 300 millones de dólares en multas así como a tratar de restablecer su muy deteriorado prestigio.
Ya de antes, el propio Procurador, también a preguntas de los periodistas que cubren su área informativa, había prometido que las investigaciones serían llevadas hasta sus últimas y mayores consecuencias sin importar los santos que puedan caer de los altares. Es de esperar que sea así.
De todos modos, sería un ejercicio tan interesante como orientador disponer de la opinión, estrictamente legal y sin empañaduras políticas, de algunos de los muy calificados juristas con que cuenta el país sobre dos aspectos de sumo interés. Uno de ellos, es de carácter criminal y el otro de categoría civil.
En cuanto al primero, si la Odebrecht que admitió el delito, está obligada o hay manera de obligarla a revelar los contratos de obras que obtuvo por la vía ilegal del soborno, a cuánto ascendió este en cada caso y quién o quiénes lo recibieron.
Y en cuanto al segundo, si el arreglo a que llegó la compañía brasileña con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para indemnizar a este país, Brasil y Suiza, la libera de posible responsabilidad civil con respecto a la República Dominicana, o si, por el contrario, estamos en capacidad de reclamar de la misma restituir el monto de los sobornos pagados que seguramente fueron sumados al costo de los contratos.
Esto, sin perjuicio de que, tal como entendemos, resulta de orden se pase auditoría a todos los contratos en que el monto finalmente pagado a la Odebrecht haya superado el presupuesto inicial de los mismos, una cantidad que a vuela ojo sobrepasa los 600 millones de dólares, a fin de establecer de manera diáfana si estuvieron justificados o fueron ilegalmente abultados.
Es lo menos que procede frente a unas acciones tan descaradas de la más grosera pillería en este caso, en que existe admisión de culpa como principal elemento incriminatorio, que puede marcar la línea divisoria entre el antes y después de la lucha contra la corrupción, tanto pública como privada. Que de todo hay en la viña del Señor.