La postura de Maduro y Cilia Flores podría influir en el desarrollo y resultados del caso legal en curso.
Ante las acusaciones legales, Maduro y Cilia Flores mantienen su declaración de no culpabilidad.
Nueva York.– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon este lunes no culpables de todos los cargos a los que se enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) durante la primera comparecencia.
Barry Pollack, el abogado de Maduro, afirmó en el tribunal de Nueva York que "por el momento no solicitará la libertad bajo fianza" para el mandatario, aunque no descartó hacerlo más adelante.
Según el documento judicial, Maduro está acusado de encabezar un gobierno ilegítimo y profundamente corrompido, que habría utilizado instituciones del Estado venezolano para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense.
Además de Maduro, el expediente incluye como acusados al ministro del Interior Diosdado Cabello, al exministro Ramón Rodríguez Chacín, a la esposa del mandatario Cilia Flores, a su hijo Nicolás Maduro Guerra ("Nicolasito") y a Héctor Rusthenford Guerrero Flores ("Niño Guerrero"), líder de la organización criminal Tren de Aragua. La acusación describe una estructura conocida como el "Cartel de los Soles", integrada por altos mandos civiles y militares que brindaban protección, logística y encubrimiento a las operaciones de droga.
El documento detalla alianzas directas con organizaciones catalogadas como terroristas o criminales transnacionales, entre ellas las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.
De acuerdo con la Fiscalía, estas organizaciones colaboraron en la producción, custodia y transporte de cocaína desde Colombia, Venezuela y Centroamérica hasta Estados Unidos, beneficiándose del amparo estatal venezolano.
La acusación enumera múltiples actos concretos, como el uso de pasaportes diplomáticos para narcotraficantes, envíos de droga en vuelos comerciales y privados, sobornos millonarios, protección de laboratorios y pistas clandestinas, así como el uso de ametralladoras, granadas y otros dispositivos destructivos para proteger las rutas del narcotráfico. También se mencionan secuestros, asesinatos y la operación de grupos armados para garantizar el control territorial.
Entre los cargos formales figuran conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión y conspiración para usar armas de guerra, además de amplias solicitudes de decomiso de bienes obtenidos directa o indirectamente del narcotráfico. El gobierno estadounidense busca confiscar propiedades, dinero y activos equivalentes al valor de los beneficios ilícitos generados.
La acusación, firmada por la Fiscalía Federal de Nueva York, refuerza la posición de Estados Unidos de que el liderazgo venezolano operó durante décadas como una empresa criminal transnacional, cuyas acciones no solo afectaron a Venezuela, sino que también contribuyeron a la violencia, la corrupción y la crisis de seguridad en toda la región