Si bien la Ministra de la Mujer ha adelantado que se propone solicitarlo y se está promoviendo por otra parte un proyecto de ley para prohibir los acuerdos abreviados como política de Estado en los casos de violencia intrafamiliar, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institución y Justicia ha dado un paso adelante al solicitar de la Procuraduría General de la República la inmediata suspensión de los mismos.
La propuesta de Servio Tulio Castaños es razonable desde todo punto de vista. Lo que está en juego son vidas humanas, cuya preservación debe quedar al margen de la frecuente dilatación de los trámites congresuales, donde hay sobrados antecedentes de proyectos de leyes que debían ser conocidos con carácter de extrema urgencia, y sin embargo son sometidos a un largo proceso de espera antes de ser conocidos, discutidos y aprobados por ambas Cámaras Legislativas.
En este caso el factor tiempo es vital. Cada día que transcurre puede costar la vida de una mujer sometida previamente a un largo proceso de humillaciones y abusos que en numerosas ocasiones culminan del modo más trágico. Ya en lo que va de año, el número de feminicidios supera el centenar largo. Y atención: 38 de esos crímenes han sido ejecutados por los agresores que guardaban prisión, preventiva como medida de coerción o bajo fallo condenatorio que fueron beneficiados con acuerdos de libertad anticipada, lo que les permitió llevar a cabo su siniestra misión. Es una razón de mas entre tantas que justifica la propuesta del alto ejecutivo y vocero de la FINJUS con méritos sobrados para ser acogida de inmediato por la Procuraduría General.
Por más vueltas que se le de no se le halla el menor resquicio de justificación al hecho de que un individuo que haya agredido a su pareja o ex pareja al punto de casi privarle la vida, sea beneficiado con un acuerdo de condena abreviada, sin que siquiera medie la constancia forense de un cambio drástico en su mentalidad con respecto al trato que merece la mujer, el respeto a su integridad física, emocional y moral. Y ello aun contando con el consentimiento de la agraviada que muchas veces obedece a distintas razones a las que erradamente le atribuye mayor peso que al riesgo en que coloca su existencia, y en ocasiones inclusive de sus propios hijos.
Los ejemplos sobran. Pero basta tomar como muestra los dos publicitados casos que contaron con la culpable complicidad de la autoridad fiscal de San Pedro de Macorís, ya por irresponsabilidad extrema, ya como parte de una red mafiosa. En ambos casos, los autores de los sendos femicidios guardaban prisión por previamente haber intentado asesinar a quienes en definitiva fueron sus víctimas. En uno de ellos, el agresor y luego matador, había propinado nada menos que once cuchilladas a su ex pareja quien milagrosamente salvó la vida en esa ocasión para perderla más tarde en el segundo y fatal intento.
Ahora mismo hay casi novecientos acuerdos abreviados en las distintas circunscripciones judiciales del país en casos de violencia intrafamiliar. ¿A que rígido protocolo de validación han sido sometidos? ¿Se ha analizado uno por uno con la minuciosidad requerida para determinar el grado de peligrosidad del agresor y el nivel de riesgo posterior de la víctima? ¿Las razones por las cuales esta accedió al acuerdo que pudieran ser desde dependencia económica extrema hasta amenazas y temor a represalias?
De esperar que la propuesta de Servio Tulio que sin dudas cuenta con un abrumador consenso mayoritario de la población sea acogida e implementada de inmediato por la Procuraduría General. Es lo menos después de lo ocurrido en San Pedro de Macoris que ha puesto al desnudo una situación de mucho mayor alcance y de la penosa cuota de responsabilidad que carga la hoy sometida fiscal que actuó a favor de los victimarios y en violación del sagrado compromiso de proteger la vida de las víctimas.