Demandan a fiscal Rosalba Ramos por negarse a devolver supuesto vehículo ilegalmente incautado
El Dr. Julio Cury, abogado de la parte demandante, manifestó que la fiscal mostró “una inflexible y arbitraria reticencia” a cumplir con las decisiones judiciales, lo que, según él, constituye una actuación imprudente e ilegal que la dejará patrimonialmente responsable de los daños causados.
Actualizado: 22 de Julio, 2025, 07:15 PM
Publicado: 26 de Febrero, 2025, 06:11 PM
Santo Domingo.- El Tribunal Superior Administrativo fue apoderado de una demanda en reparación patrimonial contra la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo. La demanda la acusa de dolo e imprudencia grave en el ejercicio de sus funciones al negarse a devolver un vehículo que, según las sentencias judiciales emitidas, fue ilegalmente incautado.
El vehículo en cuestión es un Grand Cherokee blanco, año 2018, con chasis núm. 1C4RJEBG4C193720 y matrícula núm. 8730044. La entrega del automóvil fue ordenada a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional el 1 de diciembre de 2021, por medio de la sentencia núm. 249-04-2021-SSEN-00289, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
El Dr. Julio Cury, abogado de la parte demandante, manifestó que la fiscal mostró “una inflexible y arbitraria reticencia” a cumplir con las decisiones judiciales, lo que, según él, constituye una actuación imprudente e ilegal que la dejará patrimonialmente responsable de los daños causados. "Será condenada, de forma conjunta y solidaria con el Ministerio Público, a reparar los daños antijurídicos causados a la víctima", afirmó.
A pesar de las sentencias judiciales, la fiscal no cumplió con la orden de entrega. En abril de 2023, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional reiteró la orden, pero tampoco fue acatada. Posteriormente, el 31 de octubre de 2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia, rechazando el recurso de casación interpuesto por Ramos Castillo.
Por su parte, José Alberto Cruceta hijo, también abogado de la demandante, sostuvo que la actuación particular de Ramos Castillo, “al no contar con ningún respaldo normativo, constituye una actuación saturada de ilegalidad por la que ella tendrá que responder, ya que, en un Estado democrático de derecho, la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, aunque a le rechine, debe respetarse y cumplirse”.
