Estamos viviendo tiempos convulsos que imponen grandes retos a los líderes del mundo, sobre todo a los democráticos, pues el ejercicio de la libre expresión permite que los pueblos expresen las insatisfacciones que se acallan en las dictaduras, y en los países con mayor pobreza y desigualdad social estos desafíos son todavía mayores, pues al inventario de demandas insatisfechas se suman las difíciles circunstancias que desvanecen promesas y afectan realidades.
Bajo los estragos de la inflación que afecta la economía mundial, la tolerancia y la racionalidad disminuyen a la par del descenso del poder adquisitivo, y las aspiraciones que antes se tenían se reducen a lo esencial, esto es lo económico, por lo que independientemente de cuantas otras cosas puedan ser importantes, la simpatía o aceptación de los gobernantes estará determinada por cuánto la gente entienda que su bolsillo se ha visto afectado, y esto lo saben bien todos los políticos de aquí y de allá, y lo recuerdan las escenas de retiro o mociones de confianza en parlamentos que forzaron la dimisión de Boris Johnson en Reino Unido, o ponen en peligro el mantenimiento como primer ministro de Mario Draghi en Italia, cuya renuncia no fue aceptada por el presidente, del asalto al palacio presidencial de Sri Lanka luego de fuertes protestas que obligaron al presidente a abandonar el país y a designar interinamente en sustitución de este al primer ministro cuyo renuncia también han pedido, o las protestas por el alza de los combustibles en Panamá, que la mesa de diálogo convocada por el presidente no ha logrado calmar.
En nuestro país, que todo se politiza, no solo la oposición saca partido de la situación, haciendo comparaciones que intentan borrar la realidad actual de una economía mundial en crisis y una inflación sin precedentes en las últimas décadas por una guerra absurda cuyo final no se avizora pues Putin no cede ante nada y persiste en su propósito de expandir a Rusia, sino que muchos opinadores y actores sociales olvidan estas circunstancias, y se limitan a denunciar el impacto negativo de la crisis, sin a la vez recordar suficientemente sus causas, y la necesidad de hacer conciencia de que hay que mitigar de la mejor manera posible sus consecuencias sobre los más vulnerables, y hacer comprender que la misma exige sacrificio, sobre todo para los que más pueden, así como ahorro, en cuanto sea posible, del consumo de electricidad y combustibles, ya que los subsidios tienen límites.
A veces se tiene la impresión de que vivimos ajenos a estas realidades, pues si bien los planes de gobierno han debido ser enfocados y variados para atender tales circunstancias, se mantienen en debate una multiplicidad de temas que desgastan las posibilidades de consenso para asuntos mayores, y aumentan innecesariamente los niveles de crispación, de por sí afectados por los tiempos que vivimos.
Por eso es importante que nuestras autoridades que tenían un ambicioso abanico de reformas asimilen que deben priorizar y enfocarse en hacer que las fundamentales avancen, como es el caso de la reforma a la Ley 33-18 de partidos políticos, la 15-17 de Régimen Electoral y la Ley 87-01 de Seguridad Social, que sorprendentemente están ausentes del presente debate congresual como si nuestros legisladores no comprendieran la urgencia de estas, o peor aún, no tuvieran real interés en hacerlas.
Pero también deben escoger las batallas, pues abrirse tantos frentes a la vez impide que puedan alcanzarse objetivos esenciales, por eso no es sensato perder capital político insistiendo en considerar como ordinaria la ley de extinción de dominio que importantes constitucionalistas y muchos juristas consideramos orgánica, pues aunque como en toda discusión jurídica habrá siempre distintas interpretaciones, la prudencia aconseja aceptarlo aunque se entienda lo contrario por las características de esta, e intentar ampliar sus efectos retrospectivamente y en desmedro de derechos fundamentales, es comprar un billete directo al Tribunal Constitucional, lo que aun antes de que este dictara un fallo en un sentido u otro, debilitará no solo la fuerza de dicha legislación sino la confianza en la vocación de institucionalidad que tanto se han afanado estas autoridades por fortalecer, lo que es indispensable para garantizar que un instrumento como este no sea un arma mal utilizada.