Roma.- Un total de 300 empresas privadas de transporte aéreo de 40 países, además de 28 italianas, han sido denunciadas por fraude fiscal, tras una investigación sobre «taxis aéreos» llevada a cabo por la Guardia de Finanzas (Policía financiera) en el aeropuerto milanés de Malpensa (norte), uno de los más importantes de Italia.
Tras examinar los billetes de unos 9,000 vuelos y verificar el transporte de 28,000 pasajeros, las inspecciones fiscales llevadas a cabo demostraron que todas esas empresas no habían pagado sus impuestos, que ascendían a un total de 2,76 millones de euros, explicó este lunes la policía en un comunicado.
Las infracciones corresponden «a compañías aéreas que realizan los llamados ‘taxis aéreos’, que ofrecen a los pasajeros, entre otras cosas, comodidad exclusiva y tiempos de facturación optimizados y que están obligadas por ley a pagar a Hacienda una tasa por cada pasajero individual que utiliza su servicio, en función de la ruta y de la distancia recorrida».
Las denunciadas tienen su sede fiscal en Portugal, Bélgica, Francia, Reino Unido, Israel, Suecia, Finlandia, Irlanda, Austria, Eslovaquia, Estonia, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Hungría, Alemania, España, Polonia, Catar y Egipto, Estados Unidos, Dinamarca, Malta, Emiratos Árabes Unidos, Azerbaiyán, Grecia, China, Angola, Lituania, Bulgaria,Turquía, Kazajistán, Marruecos, República Checa, Serbia, Eslovenia, Croacia, Rumanía y Mónaco, Noruega y San Marino.
Las inspecciones efectuadas por la Guardia de Finanzas de Varese (norte) «sacaron a la luz prácticas consideradas elusivas aplicadas por algunas empresas para evitar pagar impuestos».
«De hecho, algunas afirmaron estar excluidas declarando que realizaban actividades de formación y entrenamientos o viajes de paracaidismo y otras actividades recreativo-deportivas, como aeroclubes u otras asociaciones que operan en régimen de exención fiscal, realizando en realidad vuelos chárter y ejerciendo, a todos los efectos, la actividad comercial de ‘taxi aéreo'», se explica en la nota.
Además, se comprobó que los propietarios de 4 aviones y 7 helicópteros privados no habían pagado los impuestos previstos por la inscripción de los mismos, por un total de 620,000 euros.
