Depositan medida cautelar en el TSA para declarar nula resolución de Medio Ambiente en favor de Las Barcazas
Entiende que existe urgencia para la adopción de la medida cautelar, ya que, de no suspenderse la resolución citada, habría afectaciones irreparables al medio ambiente.
SANTO DOMINGO.– El Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA) depositó ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una Medida Cautelar Anticipada a los fines de anular la resolución 0022-221 otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la empresa Seaboard, la cual modificó su licencia ambiental y autorizó la instalación de la planta de generación eléctrica Estrella de Mar III sobre el río Ozama sin los debidos permisos y sin cumplir todos procesos legales correspondientes.
PACMA expuso que esa resolución de fecha 30 de abril del 2021, modificó la licencia ambiental 0003-01 renovada de fecha 30 de marzo de 2020, otorgada a favor de Seaboard, la cual autoriza la operación de la planta Estrella de Mar III, “pero lo consigna como una sustitución de la barcaza Estrella de Mar II y, sin embargo, la empresa lo que hizo fue ponerla a operar de manera paralela ambas plantas. Además, esa misma resolución otorgó un plazo de 2 años no renovable para que Estrella de Mar III sea trasladada”.
El PACMA expuso que “la permanencia de los efectos de esta inusual resolución dictada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, supone una licencia para afectar al medio de ambiente de toda la zona territorial donde se encuentra situada Estrella de Mar II, en tanto que, estas nuevas máquinas –que no guardan relación con la licencia primogenia- son colocadas sin la debida permisología y al margen del debido proceso administrativo”.
La entidad defensora de los recursos naturales considera, además, que esa decisión, contenida en la citada resolución administrativa, fue dictada en franca violación a las normas que rigen el sistema de protección de medio ambiente y recursos naturales, en detrimento del interés general.
Entiende que existe urgencia para la adopción de la medida cautelar, ya que, de no suspenderse la resolución citada, habría afectaciones irreparables al medio ambiente.
En ese sentido, el PACMA también solicitó al TSA disponer que Seaboard se abstenga de continuar operando el proyecto Estrella de Mar II, hasta tanto sea decidido el recurso contencioso administrativo.
El PACMA indicó que tomó esta decisión de solicitar una medida cautelar anticipada “para garantizar los derechos de la impetrante y hacer cesar el daño inminente y la turbación manifiestamente ilícita que está sufriendo el medio ambiente en la Republica Dominicana, así como para garantizar la efectividad de eventuales de recursos en sede jurisdiccional en nulidad de esta resolución manifiestamente ilegal”.
El presidente del PACMA, Ysaias Lara Kevelier, dijo que: “Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente acaba de depositar una medida cautelar ante el TSA para detener la resolución 0022-2021 que emitió el Ministerio de Medio Ambiente el año pasado. Con esta medida pretendemos revocar esa resolución y detener las operaciones de la planta Seaboard en el río Ozama por los daños que causa, tanto al medio ambiente como a los moradores de sus alrededores, tanto de Calero, de Timbeque, Villa Duarte y todas las comunidades que viven alrededor del río Ozama”.
Lara Kevelier agregó que la citada resolución, además, violenta la Ley de Medio Ambiente y el artículo 66 de la Constitución de la República que clama por un medio ambiente sano para la ciudadanía, “y entendemos que violenta todas las normas ambientales porque fue tomada de una manera completamente arbitraria”.
Previamente, a que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitiera la resolución 0022-221 del 30 de abril del 2021, en fecha 21 de febrero de 2018, expidió la licencia ambiental No. 0003-01-renovada en favor de Seaboard, a fin de que operara la planta Estrella de Mar II, al margen de los debidos estudios de impacto ambiental y levantamientos correspondientes.
El PACMA es una entidad cuyo objeto es la protección del medio ambiente, dedicándose a defender ante los tribunales del orden judicial y la reivindicación de derechos colectivos y difusos a favor del futuro de los dominicanos.
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