Las personas de ascendencia haitiana nacidas en el país tienen derecho a continuar, por diferentes vías institucionales, sus reclamos en cuanto a documentación y su nacionalidad, independientemente de lo que haya dispuesto mediante sentencia el Tribunal Constitucional.
Aunque de acuerdo a la organización jurídica consagrada en la nueva Constitución de la República, ese dictamen es inapelable ante esa alta corte, en una sociedad libre y democrática no se puede cerrar el paso a la disensión.
Sin embargo, cualquier planteamiento debe hacerse con arreglo a la ley, o sea, usando los canales que el país se ha dado en materia legal y jurídica para resolver los diferendos, aunque pueda preverse una negativa de antemano.
Por esa razón resulta inadmisible que legisladores haitianos que se reunieron con sus pares dominicanos hayan amenazado al país con posibles impactos negativos en las relaciones bilaterales si la sentencia no es derogada.
Además, se excedieron al calificar de política la decisión del Tribunal Constitucional, con lo cual le restaron fundamento a sus planteamientos, en contraste con algunos sectores de la sociedad dominicana que la han criticado severamente, pero con juicios más serios y menos destemplados.
Además, sin entrar en el debate sobre la justeza o improcedencia de la controvertida sentencia en la presente coyuntura, habría que preguntar a los señores legisladores haitianos, sensu stricto, si su visita y juicios no son esencialmente la expresión de un sentimiento político.
La Constitución misma y las decisiones que emanan de los poderes públicos en lo referente a las cuestiones migratorias y todo lo relacionado a la soberanía nacional son ciertamente políticas de Estado y ningún poder foráneo tiene derecho a cuestionarlas en ese tono, a menos que de manera genuflexa estemos dispuestos a dejarnos pisotear en la parte más sensible de la dignidad nacional.
Dicho esto, es bueno consignar que esta sentencia llegó muy tarde y que será de ahora en adelante una fuente permanente de revuelo público por sus serias implicaciones para la suerte de muchos descendientes de haitianos que han nacido en el país.
Es tiempo de acabar con la doble moral con respecto a la creciente inmigración en el país, ya que mientras se invoca la soberanía y las leyes nacionales para un control que nunca se ha aplicado eficazmente, constructores y dueños de finca se siguen beneficiando económicamente mediante la utilización intensiva de la mano de obra barata de los nacionales haitianos.
En consecuencia, los haitianos no pueden ser buenos para una cosa y malos para determinados fines, y lo mismo debe aplicarse para otros extranjeros que en materia migratoria y de status legal en el país reciben de hecho un trato diferenciado o de excepción.
República Dominicana y Haití están obligados, por compartir la misma isla, sin posibilidad de mudanza o división, a promover la convivencia solidaria y armoniosa, para lo cual se requiere actuar con tacto y prudencia en cualquier circunstancia.
