SANTO DOMINGO.- La propuesta de un aumento del 10 por ciento de forma voluntaria por parte de las empresas realizadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), ha movido diversas opiniones en diferentes sectores de la sociedad dominicana.
Mientras unos, como el caso de varios políticos, se muestran a favor de la propuesta, otros lo apoyan pero “siendo prudentes” y el sector trabajador afirma que el aumento no debe ser menor al 25 por ciento, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) aseguró que un porcentaje importante de las micro y pequeñas empresas no están en capacidad para un aumento salarial voluntario.
Su posición la defiende al considerar que esa medida podría repercutir en un alza de los precios en productos al cliente directo, pérdida de empleo e incremento de la informalidad en todos los sectores productivos nacionales.
Luis Miura, presidente de Codopyme, dijo en un comunicado de prensa que “Si lo que busca el gobierno es que se eleve la capacidad de compra de los ciudadanos en edad productiva, será necesario implementar un subsidio focalizado directo a nuestros empleados, igual o parecido al Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) -vigente durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19-, evitando así aumento del costo de los productos, desempleo e informalidad, lo que le cuesta más al Estado que el monto que represente FASE”.
Indicó que «las pymes no pertenecen a los sectores Turismo o Zonas Francas», que son los «que exhiben crecimientos constantes». «Segreguemos la data para que veamos a los diferentes sectores en su justa medida. Debemos recordar también que un aumento salarial no es solo un 10 % como lo propuesto, a esto hay que sumarle los costos sociales de cara a la dichosa seguridad social”, puntualizó.
Agregó que “la incertidumbre e inestabilidad que viven las mipymes por la crisis post COVID-19, el conflicto de Rusia y Ucrania, el desabastecimiento de materia prima, los altos costos de energía eléctrica, los variables costos del combustible y la baja actividad económica imposibilita a más del 70 % de las micro y pequeñas empresas a implementar un ajuste salarial en este momento», aun siendo su deseo como dueño de empresas. «Es imposible seguir ensanchando el cuadro financiero a estas empresas que apenas pueden honrar los compromisos actuales”.