Como muestra de esto basta mencionar que las disposiciones transitorias de esta ley que prevén plazos para presentar los reglamentos complementarios, para fijar las escalas salariales, para realizar estudios y levantamientos para efectuar las adecuaciones y eliminar las inequidades, han sido letra muerta.
A pesar de nuestro evidente retraso en el área científica, de innovación y tecnología, con pocas patentes que exhibir y muchos pendientes en los planes por mejorar estas falencias, tenemos un triste historial de gran inventiva para crear todo tipo de artimañas para burlar la ley, violentar sistemas de control, falsificar documentos y defraudar.
Las recientes declaraciones de uno de los imputados en la operación Coral sobre el modus operandi de los “especialismos” pagados en distintos cuerpos de seguridad del Estado otorgados a discreción y, al parecer comprados en muchos casos mediante pagos ilegales a superiores, no solo para percibir un mayor salario sino para que estos sean la vía de recibir un monto de pensión significativamente mayor, ponen nuevamente el foco en una mafia que en ocasiones anteriores había sido objeto de rumores e investigaciones periodísticas, pero que al no generar ningún sometimiento judicial, continuó y probablemente se multiplicó.
En las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el pago por “especialismos” está previsto en sus respectivas leyes orgánicas 139-13 y 590-16 aunque sin regular cómo se otorgarán, en dos artículos que son prácticamente idénticos el 178 para la primera y 176 para la segunda, simplemente diciendo “Los haberes constituidos por sueldo, especialismos y compensaciones inherentes a la función” -militar/policial-, “son la retribución mensual que el Estado hace a los miembros”, especificando incluso la ley 139-13 en su artículo 165 que “Para calcular el monto de los haberes de retiro, las compensaciones o las pensiones de sobrevivencia, se sumarán a los haberes, las asignaciones por especialismos…, que más le convengan al militar en el momento en que ocurra la causal del retiro o el fallecimiento, …”
No es de sorprender entonces la consecuencia funesta de esta fuente de recursos para fabricar salarios y retiros a conveniencia, la creación de un mercado negro en el que incluso se rumoraba habían tarifas, como reseñó una investigación periodística publicada en el 2015, la cual indicaba que si “el especialismo es de 30,000, hay que pagar unos RD$125,000, para que te lo asignen”, el cual se presume manejaba cifras escalofriantes, pues tan solo tomando como referente un informe publicado en el año 2018 sobre propuesta de régimen salarial de la Policía, los pagos por “especialismos” ascendían en ese momento a RD$1,611,531,432.06 y beneficiaban a un 64% de su nómina.
El régimen salarial del Estado a pesar de la aprobación de la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, cuyo reglamento nunca ha sido dictado, sigue siendo un gran desorden plagado de asimetrías e injusticias, en el que algunos se sirven con la cuchara ancha y no se mide a todo el mundo con la misma vara, en gran medida por la falta de voluntad política para cambiar el estatus quo.
Como muestra de esto basta mencionar que las disposiciones transitorias de esta ley que prevén plazos para presentar los reglamentos complementarios, para fijar las escalas salariales, para realizar estudios y levantamientos para efectuar las adecuaciones y eliminar las inequidades, han sido letra muerta. De haberse cumplido con la Ley a lo mejor hubiésemos evitado esta mafia, pues esta faculta al Ministerio de Administración Pública para definir los criterios “para establecer la complejidad y las condiciones de riesgo de los cargos” de las Fuerzas Armadas y la Policía y también le ordena hacer un estudio de los salarios de estos organismos y a presentar una propuesta que elimine las distorsiones existentes en un plazo no mayor a diez meses, lo cual simplemente se quedó en el papel.
La gravedad de los hechos rumorados y denunciados no solo debe provocar las investigaciones y sanciones correspondientes, sino que debe generar una transformación profunda para que la nómina pública no siga siendo un botín que repartir, un amasijo de inequidades y un mercado en el que se venden beneficios y se sepultan dignidades. Para ello la regulación salarial integral del Estado es impostergable, y en la víspera de un pacto fiscal ninguna mejor señal que empezar por poner fin a este gran desorden hecho a la medida.
