La detención de Nicolás Maduro enfrenta a Latinoamérica en la ONU por el uso de la fuerza

Naciones Unidas.– La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una operación militar de Estados Unidos, provocó este lunes un choque diplomático en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Washington defendió la acción como un esfuerzo contra el narcotráfico, mientras varios países latinoamericanos denunciaron una violación del derecho internacional y otros llamaron a una transición política.

El embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, calificó la operación como un "ataque armado ilegítimo" y exigió la liberación y retorno de Maduro.

Advirtió que tolerar este tipo de acciones “equivale a normalizar la sustitución del derecho por la fuerza” y llamó a la desescalada, el diálogo y la paz, asegurando que Venezuela permanece bajo control institucional con Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Por su parte, Estados Unidos defendió la operación y negó estar en guerra o en ocupación de Venezuela. Su embajador ante la ONU, Mike Waltz, calificó a Maduro como “narcotraficante” e “ilegítimo”, y sostuvo que la detención fue una “acción policial” para proteger a ciudadanos estadounidenses del narcoterrorismo.

Waltz aseguró que Washington busca “un futuro mejor para el pueblo venezolano” y reiteró que el presidente Donald Trump ofreció “múltiples salidas diplomáticas” antes de la operación.

Condenas a la intervención

Colombia, que impulsó la convocatoria de la reunión del Consejo con el respaldo de Rusia y China, denunció que la detención de Maduro “viola el derecho internacional y la carta de la ONU” e instó a los Estados miembros a defender estos principios como una “obligación común para preservar la paz y seguridad internacional”.

Su representante permanente, Leonor Zalabata, afirmó que la operación constituye “violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial”.

El representante brasileño, Sérgio Danese, calificó la operación como “un precedente extremadamente peligroso” y afirmó que la solución a la crisis pasa por el diálogo y el respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano, no por “la construcción de protectorados”.

Chile, a través de Paula Narváez, afirmó que el respeto al derecho internacional no admite excepciones, incluso frente a la ilegitimidad de un presidente.

Aunque su país no reconoce el régimen de Maduro, subrayó que las graves violaciones de derechos humanos “no tienen una solución militar” y alertó sobre consecuencias “devastadoras” para la región.

México condenó la “agresión militar” de Estados Unidos. Su embajador, Héctor Vasconcelos, advirtió que la operación pone en “grave riesgo” la estabilidad política y la seguridad de América Latina y el Caribe, y reiteró que “el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas” para resolver la crisis.

Cuba calificó la operación como un “acto inaceptable y bárbaro”. Su representante, Ernesto Soberón, acusó a EE.UU. de buscar un “Gobierno títere” y confirmó la muerte de 32 militares cubanos durante los operativos. Nicaragua expresó su “indignación y dolor” y reclamó la “liberación inmediata” de Maduro, reafirmando que la región es una “zona de paz”.

Llamados a una transición política

Argentina destacó la posibilidad de que la captura de Maduro abra una etapa de transición democrática. Su embajador, Francisco Tropepi, pidió la liberación de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en Venezuela desde diciembre de 2024.

Paraguay señaló que se debe abrir paso a la restauración de la democracia, permitiendo que autoridades legítimamente electas, como el opositor Edmundo González Urrutia, asuman el poder. Panamá propuso una “interinidad limitada” para garantizar la transición, advirtiendo que cualquier continuidad del chavismo equivaldría a legitimar un fraude electoral.