Detienen en España al dueño y al director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra
El juzgado mantiene el secreto de sumario mientras se recaba documentación fiscal en la aerolínea.
La detención del dueño Plus Ultra España ocurre en una investigación por blanqueo de capitales vinculada a ayudas públicas.
Madrid.- La Policía española detuvo este jueves al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo, Roberto Roselli, tras acceder este jueves a la sede de esta compañía en busca de documentación en el marco de una investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Fuentes cercanas a la investigación informaron a EFE de ambos arrestos, en una actuación que se enmarca en una causa dirigida por un juzgado en Madrid y que se mantiene bajo secreto.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que dirige esta operación, investigó anteriormente el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, que tiene vuelos a Colombia, Venezuela (ahora suspendidos) y Perú, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.
Acciones de la autoridad
Dentro de la investigación a Plus Ultra, varios agentes de la Policía Nacional han acudido hoy a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía.
Antes de conocerse los arrestos practicados, fuentes de la aerolínea habían señalado a EFE su plena colaboración y que están "facilitando toda la documentación que precisen y que se circunscribe al área económica financiera", al tiempo que han subrayado que no se estaba produciendo un registro.
La magistrada instructora concluyó que no estaba debidamente justificada la comisión de un delito y descartó que se hubieran cometido ilícitos como malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias u obtención de subvenciones falseando los requisitos, como sostenían las querellas presentadas por el partido conservador PP, el ultraderechista Vox y la asociación Manos Limpias, vinculada a la ultraderecha.
El caso se centraba en la aprobación de ayudas públicas a la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Las diligencias investigaban la actuación de Bartolomé Lara, quien se desempeñaba como presidente en funciones del conglomerado público, así como del consejo de administración de la SEPI, tras la firma del decreto aprobado el 9 de marzo de 2021 por el Gobierno español que permitió la concesión de los fondos.
Tras la revisión de la causa, la magistrada determinó que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones, cerrando así una investigación marcada por el interés político de los querellantes y las dudas sobre la legalidad de la ayuda estatal a la compañía aérea.
Este registro coincide temporalmente con otra operación en la que también estaría implicado otro expresidente de la SEPI por sus supuestos vínculos con una trama de corrupción que ha salpicado al Gobierno socialista y ha llevado a prisión a un exministro.