Los efectos
provocados en el país por el paso de la tormenta tropical Laura han puesto de
manifiesto, nuevamente y de forma penosa, las grandes carencias y condiciones
de alto riesgo en que viven muchas familias en el país, por lo que son las más
expuestas a daños y perjuicios cada vez que surge un fenómeno atmosférico.
Con sus
ráfagas y la gran cantidad de lluvias que traen consigo, estas perturbaciones
tienen una acción de amplio espectro, pero es en las zonas más vulnerables
donde se producen generalmente los trágicos balances y también los mayores
daños materiales en términos de viviendas y pertenencias.
Esto se
debe en gran medida a que personas de exiguos recursos económicos se ven
obligadas a vivir en endebles casas sin la más mínima seguridad y con agravante
que en no pocas ocasiones están situadas en zonas que sufren grandes
inundaciones cada vez que llueve con intensidad.
A pesar de
las advertencias que se hacen periódicamente sobre el grave peligro que genera
esta situación y las recomendaciones que se formulan para que la gente no viva
cerca de riberas de ríos y cerca de cañadas, lo cierto es que muchos no tienen
en realidad otra opción o posibilidad.
Todo esto
forma parte de una deuda social acumulada y en constante crecimiento, debido a
las desigualdades económicas y la falta de equidad en muchas de las políticas
públicas y por las promesas postergadas y casi siempre incumplidas por parte de
la dirigencia política y los partidos que llegan al poder.
Las ayudas
a las familias damnificadas llegan coyunturalmente a raíz de los fenómenos
atmosféricos, pero resultan insuficientes y apenas contribuyen a mitigar las
penurias del momento, en gran parte porque el Estado no dispone de los recursos
necesarios para asistir a todo el que necesita.
Recientemente
vimos el caso de familias afectadas por el paso de la tormenta Isaías que
fueron sorprendidas por Laura virtualmente a la intemperie en Hato Mayor,
porque no habían contado aún con los medios para reacomodarse en un ambiente
digno y seguro.
La lucha
efectiva contra la corrupción administrativa y la aplicación de un uso
eficiente y racional de los recursos públicos puede ser un factor determinante
para que la deuda social puede comenzar a ser combatida, aunque claro está, de
forma gradual porque las penurias acumuladas son inmensas.