El proceso de diálogo que se ha abierto con la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado para discutir las reformas legales al régimen electoral y a los partidos políticos plantea desafíos no solo en cuanto a los temas de fondo, sino también en lo que respecta a los actores que deben participar en el mismo. Este último punto es crucial si realmente se quiere construir un espacio de negociación efectivo, en lugar de un simple escenario para asumir posturas grandilocuentes y mantener vivas las denuncias –muchas de ellas infundadas- sobre el proceso electoral.
La cuestión se reduce a la siguiente pregunta: ¿cuáles actores deben participar en ese proceso de diálogo y cuál criterio debe prevalecer para decidir esa participación? Hay quienes sostienen que la participación debe ser lo más amplia posible en lo que respecta tanto a los partidos políticos como a las instituciones de la sociedad civil. Según este criterio, todos los partidos, incluyendo los minoritarios, deben participar en el diálogo, lo que implicaría que en la mesa de negociación habría que buscar sillas para veintiséis partidos políticos (este fue el número de participantes en el proceso electoral, con alianza o independiente), y si cada uno lleva una delegación de dos a tres miembros, entonces se sentarían alrededor de ochenta personas.
Según este mismo criterio habría también que dar participación lo más amplia posible a las instituciones de la sociedad civil. En este caso no sería posible siquiera contar los posibles participantes, pues en el momento que se anuncie el registro abierto de las instituciones interesadas en participar habrá que ver hasta dónde llegará la fila. Y si se decide seleccionar unas y excluir otras habrá que definir el criterio objetivo para hacerlo. Por ejemplo, si al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) se le da entrada al proceso, ¿no tendrían derecho las confederaciones sindicales de exigir su participación también? Y si se le da entrada a la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), de cuyo Consejo de Directores este articulista es segundo vicepresidente, ¿qué razón habría para negar la
participación, por ejemplo, de la Fundación Democracia y Transparencia o del Centro Bonó?
Si predomina este criterio de participación amplia, que es el que parece defender el principal partido de oposición (Partido Revolucionario Moderno, PRM), tal vez con la idea de limitar lo más posible los márgenes de acción del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entonces se entraría en una especie de diálogo nacional que solo se sabrá cuándo empieza, pero sin un horizonte claro de cuándo terminará. Este criterio también lo comparten muchos partidos minoritarios y, por supuesto, muchos actores de la sociedad civil.
El problema está en que un proceso de este tipo tiene que tener un grado de funcionalidad y racionalidad que permita la toma de decisiones. De hecho, ampliar el número de actores podría beneficiar a quienes no quieren las reformas, pues ante la dificultad de llegar a consensos sobre tantos aspectos que serán sometidos a discusión, lo más probable es que el proceso de diálogo se diluya en el tiempo sin que sea posible tomar decisiones, lo que sería la mejor justificación para quienes se resisten a introducir los cambios en esas legislaciones que las circunstancias exigen.
En este contexto, el único criterio objetivo y válido de participación en un proceso de diálogo político como este, enfocado en las legislaciones sobre el régimen electoral y los partidos políticos, es el de la representación congresual, es decir, permitir la participación de todos los partidos políticos que obtuvieron una representación congresual en las elecciones recién pasadas. Estos partidos políticos tienen la legitimidad política que resulta del voto popular. Es lo que sucedería en España o Estados Unidos, por ejemplo, si se fuese a dar un diálogo de este tipo. Los representantes congresuales o parlamentarios serían los que se sentarían a negociar una agenda de reformas, aunque en el caso nuestro se estaría haciendo con la mediación de un experimentado mediador aceptado por todas las partes.
Por supuesto, los demás actores políticos y sociales pueden y deben participar en el proceso de diálogo, pero no con una silla en la mesa. Los partidos que no obtuvieron representación congresual podrían muy bien crear un espacio para consensuar posiciones y ser llevadas a la mesa de diálogo a través de quienes tengan representación congresual. Las entidades de la sociedad civil, como FINJUS y
Participación Ciudadana, por ejemplo, podrían estar disponibles para dar apoyo técnico si los actores se lo requieren, dado el conocimiento y las experiencias de estas instituciones. Y podrían también participar haciendo planteamientos en la opinión pública sobre el alcance y el contenido de las reformas, de modo que los actores políticos sentados en la mesa de negociación sientan que actores claves de la sociedad están vigilando el proceso y, a la vez, haciendo aportes para que el mismo llegue a un resultado positivo para el fortalecimiento de los partidos políticos y del régimen electoral.
Con un esquema de diálogo de este tipo se garantiza una participación de los actores políticos claves –los que recibieron el apoyo popular para alcanzar una representación congresual, es decir, la representación política propiamente hablando-, al tiempo que se crean las condiciones de funcionalidad y racionalidad del proceso mismo que permita encauzar las discusiones y la toma oportuna de decisiones. Hacerlo de manera diferente, con una participación tan amplia y diversa como proponen ciertos sectores, es la receta segura para generar un ambiente muy poco propicio para generar consensos y arribar a acuerdos que se traduzcan en decisiones en las cámaras legislativas.
