Dictan coerción a peruanos por trata de personas con fines de explotación sexual
Justicia
Señala que los imputados presuntamente constituyen un grupo delictivo organizado que desde septiembre de 2023, se han dedicado en el país a la captación, traslado, y acogida de víctimas de nacionalidad peruana y colombiana, a las cuales han estado explotando sexualmente y que presuntamente el grupo delictivo está liderado por Aaron Francisco Corzo Cabrera.
La Altagracia.- El Segundo Juzgado de la Instrucción de La Altagracia, dictó tres meses de medida de coerción en contra de dos hombres de nacionalidad peruana por presuntamente formar parte de una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Los imputados Aaron Francisco Corzo Cabrera y Gean Markos Saavedra Regalado, deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, de Higüey.
Mientras que a Maryorie Chani y/o Margyori Jaritza Chani Echevarría, también de nacionalidad peruana, por vinculación en el caso, le fue impuesta una garantía económica de 20 mil pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica como medida de coerción.
De acuerdo a la misiva, en el proceso investigativo se identificaron al menos cinco víctimas.
Señala que los imputados presuntamente constituyen un grupo delictivo organizado que desde septiembre de 2023, se han dedicado en el país a la captación, traslado, y acogida de víctimas de nacionalidad peruana y colombiana, a las cuales han estado explotando sexualmente y que presuntamente el grupo delictivo está liderado por Aaron Francisco Corzo Cabrera.
Según la nota de prensa, Chani Echevarría fue la persona que facilitó la captación de una de las víctimas y que el dinero que la víctima producía por los encuentros sexuales debía entregarlo a los imputados, quienes le retenían la totalidad del dinero obtenido, hasta tanto pagara la totalidad de la deuda impuesta por el supuesto pago de pasajes, que ascendía a US$3,500.00 dólares.
También argumenta que Corzo Cabrera también facilitó el traslado al país desde sus naciones de origen de otras víctimas, a quienes les compró y facilitó los boletos aéreos con los cuales arribaron a la República Dominicana, imponiéndole el pago de una deuda con el cobro excesivo en más de un 100% del costo de dichos boletos, llegando a consistir en valores de UD$1,800.00 y hasta US$3,500.00 dólares, que las victimas debían pagar.
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