Diputado Gory, mencionado en Calamar, se caracteriza por ausencia en Congreso

SANTO DOMINGO.- Luego de colocarse en el ojo público tras su mención en la operación Calamar, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio Moya, también conocido como “Gory”, no se ha presentado a su oficina en la Cámara Baja y tampoco al hemiciclo, donde ya acumula 113 ausencias.

A esas ausencias también se le suma la aparente timidez del legislador en cuanto a presentar proyectos se refiere ya que el mismo no presenta una iniciativa de ley en el Congreso Nacional desde el año 2020, según el portal de la institución.

Mientras tanto, según los listados del Ministerio de Hacienda, Sergio «Gory» quien representa la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, es dueño de al menos 20 bancas Merengue Sport.

El nombre del legislador salió a relucir en el reciente caso de supuesta corrupción tras ser mencionado por los principales delatores de la operación Calamar, como se le ha denominado al caso.

Según los interrogatorios, supuestamente mencionaron al diputado del PRM como el jefe de un esquema de extorsión que funcionaba cobrando una mensualidad a las bancas de lotería y deportivas para dejarlas operar en complicidad con funcionarios del Ministerio de Hacienda.

Tras darse a conocer esta información, legisladores de distintos partidos políticos exigieron que al igual que otros exfuncionarios del pasado gobierno, también sea juzgado el legislador oficialista, tras revelaciones  de que el congresista habría participado en un esquema de extorsión a las bancas da apuestas en coordinación con el Ministerio de Hacienda.

Legisladores coinciden en que si bien es cierto que el Ministerio Público debe investigar todos los posibles infractores, incluyendo a su compañero el diputado Gory, se debería respetar la presunción de inocencia ante las acusaciones que pesan en su contra.

En tanto, los peledeistas dicen que el órgano persecutor solo tiene ojos para la organización morada, por lo que esperan que sin importar el partido al que pertenezcan todos los vinculados en casos de corrupción sean medidos por igual.