La Cámara de Diputados mantiene congelado, a riesgo de perimir, el proyecto de Ley para reformar al Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) sometido por el presidente Luis Abinader el lunes 22 de junio de 2021, aprobado en el Senado el 12 de enero de 2022 luego de amplias discusiones y superadas las reservas de algunos sectores del empresariado.
El proyecto procura adecuar la regulación del Sistema Nacional de Inteligencia, creando una Dirección Nacional de Inteligencia como entidad rectora dependiente del Poder Ejecutivo para sustituir al actual DNI, una dependencia del ministerio de las Fuerzas Armadas, aunque reporta directamente al Presidente de la República, cercanía simbolizada por tener su sede adyacente al Palacio Nacional.
Al conocerse inicialmente el proyecto, la Asociación de Bancos Comerciales y otras entidades financieras y empresariales expresaron discretamente su preocupación de que la nueva ley pudiese afectar las operaciones de sus instituciones al contradecir o invalidar algunos aspectos de la Ley No. 183-02 que establece el régimen regulatorio del sistema monetario y financiero del país, incluyendo previsiones contra el lavado de activos y salvaguarda del secreto bancario.
Sin embargo, tras explicaciones recíprocas entre el Gobierno y los empresarios, ambos quedaron contestes en la necesidad de crear el Sistema Nacional de Inteligencia con los organismos de inteligencia del Estado dominicano, bajo la coordinación de la nueva DNI y garantías judiciales, para integrar las entidades independientes que realizan actividades de inteligencia y contrainteligencia.
La nueva DNI será el órgano coordinador del sistema, para mejor eficacia de las actividades de seguridad nacional de los organismos militares, policiales y financieros del Estado, conforme un plan anual de Inteligencia cuyos objetivos indicará el nuevo organismo.
Bajo su coordinación tendrá las unidades militares J2, M2, G2 y A2 cuando éstas desarrollen actividades de inteligencia para la seguridad nacional; la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DINTEL), el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y las demás entidades estatales que por la información que manejen o sus propias capacidades técnicas y humanas, puedan contribuir con el Sistema Nacional de Inteligencia.
El nuevo esquema es similar al adoptado por los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y otras naciones a raíz de la evidente descoordinación entre sus agencias de inteligencia revelada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 que causaron miles de muertos en Nueva York, Pennsylvania y Washington.
El actual DNI depende del Ministerio de Defensa por la Ley No. 857 del 20 de julio de 1978, dada por el Congreso tres semanas antes del traspaso del gobierno del presidente Balaguer al recién electo Antonio Guzmán del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), algunos de cuyos líderes tenían viejas malquerencias con el liderazgo militar. Sin embargo, desde que asumió el poder, Guzmán tomó control del DNI, Fuerzas Armadas y Policía.
El DNI antiguamente fue fuente de mucho recelo, como sus antecesores la Secretaría de Estado de Seguridad creada por decreto en 1957 y sustituida en 1958 por el tenebroso Servicio de Inteligencia Militar (SIM), que no circunscribía sus actividades a inteligencia y contrainteligencia, sino que operaba como policía política de la dictadura, involucrándose en horrendos crímenes de todo tipo.
Al concluir la dictadura, a fines de 1961 el SIM desapareció, sustituido por una Agencia Central de Información (ACI), creada por decreto como dependencia de la Secretaría de Interior y Cultos, antecesor del actual Ministerio de Interior y Policía. En 1964 el Triunvirato dictó la Ley No. 196 sustituyendo a la ACI por el actual DNI, dependiente del Poder Ejecutivo hasta 1978.
La reglamentación del sistema nacional de inteligencia es un mandato del artículo 261 de la Constitución, sobre cuerpos de seguridad pública o de defensa, cuya parte in fine dispone que “el sistema de inteligencia del Estado será regulado mediante ley”.
La idea de que todas las actividades de inteligencia nacional deben estar coordinadas y reguladas legalmente, contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho y facilita el logro de objetivos del interés nacional, la estabilidad, prosperidad y desarrollo humano.
Ejemplos de las amenazas externas son atentados contra la seguridad energética, el narcotráfico, la penetración del crimen organizado internacional, el contrabando comercial y trata de personas, la seguridad fronteriza y la situación en Haití, las relaciones internacionales y multilaterales cuyo interés puede beneficiar o perjudicar al Estado dominicano.
En lo interno están la seguridad alimentaria, orden público y asuntos de policía, protección de infraestructura física o virtual, delitos cibernéticos o ataques informáticos, previsión y prevención de atentados contra la Constitución o las leyes, la estabilidad monetaria y financiera.
Una situación interna que en privado muchos líderes empresariales manifiestan que requiere urgente atención de las autoridades, es la vieja práctica del espionaje por particulares con interceptación irregular de telecomunicaciones privadas, cuya confidencialidad garantiza la Constitución. Desde que comenzó esa práctica ilícita hace medio siglo, ningún gobierno ha querido desmontarla pese a que sus alegados practicantes son notoriamente conocidos.
La creciente economía dominicana, su comercio exterior, su turismo, la situación en Haití e innumerables otros riesgos –entre ellos el reordenamiento geopolítico entre Estados Unidos, China, la Unión Europea y Rusia— que requieren constante observación y vigilancia, indican que es necesario que la Cámara de Diputados evite que perima la ley ya aprobada por el Senado para la reforma de la comunidad de inteligencia y seguridad del país.
En los Estados Unidos el director de inteligencia nacional es la cabeza de la comunidad de agencias de seguridad, una coalición de 18 entidades, entre ellas la CIA, el FBI, la DEA, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia de Inteligencia de la Defensa y la Agencia Geoespacial, que trabajan independientemente en colaboración bajo directrices y supervisión comunes.
Los estadounidenses poseen entre sus agencias de inteligencia y seguridad una denominada Foreign Malign Influence Center (FMIC, o Centro sobre Influencias Foráneas Malignas), cuya misión es liderar y coordinar los esfuerzos de cada entidad gubernamental contra las acciones y planes de agentes extranjeros hostiles que intentan influir al gobierno, la opinión pública o la conducta ciudadana a través de medios abiertos o encubiertos.
En España no se han realizado los cambios que hicieron otros países referidos; operan doce entidades sin coordinación entre sí ni bajo directrices comunes, con duplicidades injustificables que entorpecen las acciones e inflan los presupuestos.
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