Ecuador.- «¿Dónde están los cuatro?», ese fue el clamor de decenas de personas que llegaron este lunes hasta los exteriores de la Fiscalía Provincial del Guayas, en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, para exigir respuestas por la desaparición de cuatro menores el pasado 8 de diciembre que, según sus familiares, fueron secuestrados por gente vestida de militares, y que el Gobierno atribuye a «grupos delincuenciales».
«Vivos se los llevaron, vivos los queremos», fue uno de los cánticos que más sonaron en la manifestación realizada en el centro de Guayaquil, a la que también llegaron con carteles y fotos los padres de los menores, vecinos, organizaciones defensoras de derechos humanos y otras personas que quisieron solidarizarse con la familia.
El hecho se produjo la noche del domingo 8, después de que los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, salieron a jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de la ciudad.
Según sus familiares, hombres vestidos de militares los detuvieron cuando estaban caminando cerca de un centro comercial y se los llevaron hacia Taura, una zona a unos 30 kilómetros de Guayaquil en donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Allí pudieron comunicarse con uno de los menores quien les dijo que habían sido golpeados, y tras alertar a la Policía del hecho no volvieron a saber de ellos.
«Queremos respuestas inmediatas de nuestros hijos. A los cuatro se los llevaron y a los cuatro los tienen que regresar con vida», dijo a EFE Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué, mientras esperaba en el exterior de la Fiscalía, cuya entrada estaba custodiada por decenas de policías, que los recibiera el fiscal provincial Washington Astudillo.
Lenin Pachito, vecino de las familias de los menores desde hace más de 40 años, también llegó hasta el sitio para mostrar su rechazo a lo sucedido. «Son buenos niños. Solamente (estaban) en sus estudios y jugaban su deporte. Son niños tranquilos, inocentes», señaló a EFE.
«Es una desaparición forzada»
Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y de dos de las tres familias, lamentó que este caso se esté utilizando «como un tema político y electoral» y aseguró a EFE que existen «indicios» de una «evidente participación de los militares desde el inicio, que es la detención arbitraria y tortura de los cuatro chicos».
Señaló además que este caso nunca debió investigarse por secuestro, sino como una desaparición forzada.
«Inicialmente los familiares denunciaron la participación de militares en esta desaparición, pero la Fiscalía investigó por secuestro, eso es un mal procedimiento conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y la Fiscalía tiene que hacerse cargo de haber tenido una demora de más de una semana y media. Recién ayer el expediente se envió al fiscal especializado», agregó.
Añadió que el CDH ha logrado identificar «varios casos de ejecución extrajudicial, desapariciones forzadas, tortura y usos arbitrarios de la fuerza ejercidos por militares en barrios populares».
Tras la cita con el representante del Ministerio Público, los familiares de los menores comparecieron, vía telemática, ante la Asamblea Nacional (Parlamento) y tenían previsto reunirse con la Defensoría Pública y con representantes del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.
Detalles de la detención
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó este lunes, en una entrevista radial, la participación militar en la aprehensión de los menores, sin embargo, señaló que la patrulla los había dejado libres.
Según el ministro, los militares pasaban por el sitio de la aprehensión cuando vieron a ocho personas que «presuntamente» le estaban «robando a una mujer». «Se bajan los de la patrulla, neutralizan a tres personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía. Esta es la manera en la que lamentablemente aprehenden a estos cuatro chicos. Es una pena, pero así está redactado en el informe», dijo.
Agregó que en el camino hacia la base de Taura, los militares los dejaron libres porque eran menores de edad, no habían hecho «nada muy grave» y suponían que nadie iba a poner una denuncia. «No los entregan a la Policía, lo cual no estuvo bien», mencionó.
A partir de ese momento, dijo Loffredo, desconocen qué pudo haber pasado con los niños. Sin embargo, agregó, están colaborando con la Policía y Fiscalía para ayudar a encontrarlos.
Horas antes, el presidente, Daniel Noboa dijo que no se encubriría «a nadie» en este caso y que no descansarían hasta que las familias tengan «las respuestas que se necesitan».