SANTO DOMINGO. El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana ha denunciado que dos acciones de campaña del presidente Luis Abinader, quien busca la reelección, violan las disposiciones legales establecidas en la Ley de Régimen Electoral No. 20-23. La normativa prohíbe el uso de recursos e instituciones del Estado para promover candidaturas políticas.
El primer caso señalado es un spot de campaña relacionado con la seguridad en la frontera. Este anuncio concluye con la imagen del gobierno y el eslogan electoral «esto es cambio», utilizando imágenes de militares dominicanos, vehículos, drones, tanquetas y estructuras de seguridad como la verja en construcción y puestos de vigilancia. Aun cuando no se ha determinado si el spot fue financiado con fondos públicos o partidarios, el uso de recursos estatales para fines electorales está prohibido.
El segundo caso implica un documental difundido desde el 8 de mayo en varios medios de comunicación, donde se emplean imágenes y sonidos pertenecientes al Estado, incluyendo escenas dentro del Palacio Nacional. Aunque el documental no haya sido producido con recursos públicos, su contenido utiliza material estatal para fines electorales, otorgando una ventaja indebida al candidato.
La Ley de Régimen Electoral, en su artículo 210, establece que “no podrán utilizarse las instituciones u órganos del Estado para desde ellos promover candidatos o partidos, agrupaciones o movimientos políticos a cargos de elección popular”. Además, el artículo 207 prohíbe la utilización de edificios públicos para propaganda electoral.
De acuerdo con Participación Ciudadana, otra práctica histórica que también persiste es aprovechar con fines electorales diversos programas públicos, principalmente en los de bienestar social, a pesar de algunos intentos legales o de las autoridades electorales. Sin embargo, resulta difícil extraer conclusiones en base a las estadísticas disponibles, debido a que dicho uso queda englobado dentro de grandes partidas de gastos que incluyen programas legítimos del Estado, como inversiones públicas, programas sociales y subsidios gubernamentales, pero que son utilizados habitualmente como medios para favorecer adeptos o promocionar candidatos oficiales.
Participación Ciudadana señala que particularmente se destaca la partida destinada a “ayudas y donaciones a personas”, que, si bien se refiere a programas legítimos destinados a combatir la pobreza, también se usan habitualmente de manera selectiva para favorecer políticamente al gobierno de turno. En la misma se gastaron $52,000 millones de pesos en el pasado año 2023 y $12,751 millones en los primeros tres meses de este año.
Participación Ciudadana también destaca el aumento significativo en el gasto en publicidad gubernamental, que pasó de RD$3,621 millones en 2021 a RD$8,786 millones en 2023. En lo que va de 2024, se han gastado RD$3,177 millones en publicidad, particularmente de febrero a abril, evidenciando un incremento considerable respecto al año anterior.
La ONG critica que estos fondos se utilizan para difundir “logros gubernamentales” que en realidad son propaganda electoral disfrazada, lo que representa una violación de la ley y una práctica que se esperaba corregir en lugar de replicar.
Finalmente, Participación Ciudadana señala que estos datos provienen de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central y no incluyen los gastos en publicidad de instituciones autónomas, ayuntamientos, bancos del Estado y fideicomisos públicos, lo que sugiere que el gasto real en publicidad es aún mayor.
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