La República Dominicana, como cualquier nación soberana, tiene derecho a impedir oleadas migratorias ilegales y a regular el empleo de mano de obra extranjera en situación irregular. Sin embargo, el fenómeno migratorio que enfrentamos es mucho más complejo que simples deportaciones masivas. Desde hace décadas recibimos un flujo migratorio irregular proveniente de Haití impulsado por tres factores: un país vecino en crisis permanente, carteles transfronterizos que han convertido el tráfico humano en una industria y sectores internos que aprovechan la disponibilidad de mano de obra barata, sobre todo en la construcción y la agricultura.
Es un ecosistema tan entrelazado que, si se tumba un solo ladrillo, puede colapsar toda la estructura. No basta con llenar camiones de ilegales y enviarlos a la frontera. La mafia que trafica a personas sigue intacta, y detener la construcción y la agricultura impactaría de forma directa nuestro crecimiento económico, eso lo sabemos.
Me dicen que de cada cinco pesos que se mueven en nuestra economía, uno proviene de estas actividades. Por eso, el problema requiere más que respuestas efectivas, necesita una reforma estructural gradual y un combate decidido contra el crimen organizado que maneja estas redes criminales.
No podemos seguir atrapados en un círculo vicioso de medidas de corto plazo para apaciguar ánimos nacionalistas y reflexivos. Enfrentamos un monstruo de varias cabezas y hay que atacarlo desde la raíz.
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