SANTO DOMINGO.- Por lo visto, las auditorías recientes despertarán nuevos procesos judiciales contra funcionarios de la pasada administración.
En términos cuantitativo -de personas sometidas a la justicia- y de montos envueltos en dinero, estos casos aparentan no tener precedentes.
Toca al Ministerio Público contar con pruebas blindadas, con alto respaldo fáctico para el desarrollo de estos procesos, que ocuparán la atención pública durante los próximos años.
El rol de la justicia será, pues, conocer los casos sobre bases probatorias y respetando el debido proceso, para que gane la institucionalidad del país.
La coyuntura es adecuada para que se consoliden un Ministerio Público Independiente y una Justicia creíble. Nos conviene hasta para reforzar la confianza-país.
Sería un gran mensaje al mundo, a los inversionistas, a las agencias calificadoras de riesgo y a todos los ciudadanos.
Pero, más que todo, procesos bien llevados también serían elementos disuasivos para quienes están hoy al frente de la cosa pública, especialmente aquellos que no controlan el gen de la corrupción y el latrocinio.
Es importante atacar la corrupción administrativa. Es un fenómeno que le ha quitado grandes oportunidades a este país.
La gran frustración sería que mientras se persiga la corrupción del pasado, se aniden en el gobierno bolsones de indelicadezas que pasen desapercibidas o que no existan mecanismos de prevención eficientes contra el asalto al Erario.
