Dos minutos: Gobierno viola código tributario

El rezago en la aplicación de la indexación salarial desde 2017 es un pasivo moral económico del Estado con los asalariados dominicanos.

Durante ocho años, miles de trabajadores han visto cómo su poder adquisitivo se erosiona mientras el gobierno mantiene congelado el ajuste automático del impuesto sobre la renta que por ley debe actualizarse conforme con la inflación.

No se trata de una opción política, sino de un mandato legal que está siendo incumplido. Cuando el Estado decide ignorar la ley vigente, abre una grieta peligrosa en la institucionalidad.

Si el gobierno puede alegar razones fiscales para no cumplir la ley, ¿por qué no podría hacerlo cualquier ciudadano en dado caso? El mensaje que se envía es devastador.

La legalidad depende de la conveniencia del poder. A esto se suma el silencio cómplice de los gremios laborales, muy activos para defender una cesantía obsoleta que obstaculiza el empleo formal, pero mudos frente a una medida que castiga directamente a los trabajadores.

¿Dónde están los sindicatos?

La indexación no es un lujo, es justicia tributaria. Ignorarla equivale a legalizar el abuso. El Estado tiene una deuda con sus asalariados y con la institucionalidad misma.

Cumplir la ley no puede ser una variable fiscal, debe ser un principio irrenunciable. Mientras tanto, no tenemos una estrategia seria contra la evasión, pero sí decisiones firmes para afectar a los asalariados. Esa es una verdadera distorsión del sistema tributario dominicano.