Solicitan investigar a ministro del Minerd y otro funcionario por supuestas omisiones en proyecto Libro Abierto y otras acciones

SANTO DOMINGO.- La editora Actualidad Escolar 2000 solicitó a la directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, que investigue las actuaciones del Ministerio de Educación (Minerd) en torno a la elaboración de la Ordenanza 03-22,  una supuesta dualidad de cargos que ostenta el director de la Unidad Editorial de esa institución, Manuel de Jesús Núñez Asencio, y por la alegada obstaculización de la “necesaria publicidad y transparencia” de los contratos realizados en el marco del proyecto “Libro Abierto”.

En relación a Núñez Asencio, expresa la denuncia,  funge como director de la Unidad Editorial de manera concomitante con sus funciones de coordinador en el Ministerio de Cultura, lo cual se encuentra “constitucionalmente proscrito” además de haber anunciado sus aspiraciones de presidir la Academia Dominicana de la Lengua, la cual fue contratada por la referida Unidad Editorial.

“Lo anterior se encuentra constitucionalmente proscrito por el artículo 144 de la norma fundamental, el cual señala que: ‘ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar, de forma simultánea, más de un cargo remunerado, salvo la docencia’,” afirma la editora.

De su lado, para la editora “las actuaciones del ministro de Educación, Ángel Hernández y de Núñez Asencio, violan al régimen ético, disciplinario y la política nacional de “datos abiertos” del Estado dominicano.

Según la denuncia  “la consecuencia lógica de la participación protagónica, que no tangencial de Hernández  en la elaboración de la Ordenanza núm. 3-2022,  vulnera el principio de imparcialidad y objetividad y transgrede los deberes y prohibiciones contemplados en la Ley núm. 41-08”.

Agrega que el ministro Hernández, a través del proyecto Libro Abierto, ha procurado que los libros de texto y materiales para la enseñanza sean producidos por universidades, intelectuales y academias, sustituyendo así la actividad de las empresas editoras.

“Por lo que resulta totalmente inexplicable, desde el ámbito del derecho, el plan antiético del señor Ángel Enrique Hernández Castillo de sustituir toda la industria editorial para que esta sea asumida por universidades, intelectuales y academias cuyas adjudicaciones y arbitraria selección ha sido oportunamente denunciada por Actualidad Escolar ante la Dirección General de Contrataciones Públicas” indica la editora.

Puntualiza el documento que el ministro de Educación deliberó y participó en la elaboración de la Ordenanza núm. 3-2022, mediante la cual se dispuso la contratación de universidades para la producción de libros de texto y materiales para la enseñanza, sin advertir el evidente conflicto de interés existente entre el ministro y los agentes del sector de la educación superior, del cual éste proviene.

La solicitud de investigación depositada ante la DIGEIG resalta que el Ministerio de Educación, “auspiciado” por su ministro y por el director de la Unidad Editorial han obstaculizado e incumplido los compromisos institucionales instaurados en el V Plan de Acción de Gobierno Abierto al despojar a la ciudadanía de la posibilidad de obtener y fiscalizar las contrataciones otorgadas en el marco del proyecto “Libro Abierto”.

“En efecto, en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil veintitrés (2023), la señora Rosmery González Santos, actuando en nombre y representación de la Actualidad Escolar le requirió al Ministerio de Educación, mediante la solicitud SAIP-SIP-000-75368, copia de los contratos públicos suscritos en ocasión a la iniciativa “Libro Abierto”. Huelga decir que, a la fecha de la presente denuncia, estas informaciones de carácter evidentemente público no han sido entregadas a la hoy denunciante” señala la editora.  Según la denuncia, con esta acción violan el artículo 30 de la Ley 200-04.