El año escolar ha arrancado con buen pie. La asistencia a las aulas durante el primer día de clases ha sido mucho más nutrida que en años anteriores. Es buen síntoma. Denota que el trabajo de promoción y concienciación que se ha estado llevando a cabo ha ido calando y generando un mucho mayor grado de responsabilidad y compromiso tanto por parte de los padres como de los propios alumnos.
La asistencia a las aulas de tres millones de alumnos, de los cuales un millón 150 mil lo harán en la modalidad de la tanda extendida, representa un reto gerencial de significativas proporciones para las autoridades docentes. Lo es también desde el punto de vista económico.
Tan solo el hecho de servir diariamente esa cantidad de raciones de desayuno escolar, a través de cientos de suplidores en todo el país y que en el caso de la tanda extendida, adiciona el almuerzo y merienda, representa un desembolso multimillonario y exige un dedicado trabajo de auditoría permanente para verificar la variedad y condición de los alimentos que se sirven.
Igual o más aun, mantener un continuo monitoreo sobre la calidad de enseñanza impartida a través de decenas de miles de maestros también en decenas de miles de aulas, a todo lo ancho y largo de la geografía nacional, así como los niveles de aprovechamiento del alumnado, su comportamiento y disciplina.
No lo es menos la relación, tan a menudo tensa, con el combativo gremio profesoral, donde concurren tantas vertientes partidarias y tan a menudo los reclamos van acompañados de amenazadoras advertencias de posible suspensión de la docencia en caso de no ser satisfechos, por lo general en términos muy apremiantes de tiempo. Es un tema en extremo conflictivo que hemos enfocado y criticado en distintas ocasiones por el perjuicio que representa para los alumnos la pérdida de clases.
Viene a punto, ahora mismo, en relación con el reclamo de desbloqueo del pago suspendido a varios miles de maestros después de la auditoría llevada a cabo por personal del Ministerio en la revisión de la nómina, al supuestamente estar cobrando sin prestar servicios, cuyo listado el Ministerio entregó sin tardanza al gremio magisterial para ese fin.
Después de haberla llevado a cabo, la ADP sostiene que la gran mayoría de los maestros suspendidos están jubilados o en trámite de hacerlo, están de permiso o impartiendo docencia.
Será fácil de comprobar a través de una simple labor de verificación, para la cual el gremio magisterial otorga un plazo terminante bajo amenaza de tomar acciones que afectarían el calendario escolar. De esperar que no se llegue a esos extremos y que en lo adelante, se use exclusivamente la vía de diálogo para la solución de todos los conflictos, sin importar su naturaleza ni magnitud.
Posiblemente el mayor reto que tiene el país consiste en lograr el ideal de una educación de calidad. El progreso de la nación y la mejoría de la calidad de vida en todos los aspectos radica en mayor medida en forjar el ideal de una educación de calidad, capaz de formar recursos humanos calificados y con un elevado concepto de responsabilidad ciudadana.
Para lograrlo, tal como han hecho otros países, es preciso una sostenida voluntad política por el lado del gobierno en mantener como una prioridad permanente dentro de su agenda el tema de la educación, unido a la más estrecha colaboración por la de las autoridades docentes, los maestros, los padres de los alumnos y estos mismos, comenzando por no perder ni una sola jornada de clases.
De esperar que se entienda y se asuma como firme compromiso y una meta-país.