Redacción internacional.- El gobierno de Estados Unidos revocó este lunes parte del alivio de las sanciones contra la dictadura de Venezuela que había concedido el año pasado, con lo que cumple su advertencia después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista ratificara la inhabilitación política de María Corina Machado.
El Departamento del Tesoro norteamericano dio un plazo hasta el próximo 13 de febrero para que las empresas que realizan transacciones con la minera estatal venezolana Minerven liquiden sus operaciones. La dependencia había permitido las transacciones con la empresa minera en octubre, después de que el régimen de Nicolás Maduro llegara a un acuerdo con la facción de la oposición respaldada por Estados Unidos para trabajar en nivelar las condiciones antes de las elecciones presidenciales previstas para este año.
Este lunes el gobierno norteamericano había anunciado que le da tiempo a Maduro hasta abril para que habilite a Machado. De lo contrario, volverá a instaurar las sanciones al petróleo y al oro venezolano que había levantado meses atrás.
“Tenemos opciones a nuestra disposición. No voy a avanzar ninguna de ellas en este momento, pero ciertamente tenemos opciones con respecto a sanciones y ese tipo de cosas que podemos tomar. Tienen hasta abril”, dijo en rueda de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
El chavismo ya adelantó, previo al anuncio de la Casa Blanca, que Venezuela responderá con “severidad” y medidas “recíprocas”.
La administración Biden realizó varios acuerdos con el gobierno de Maduro sobre finales de 2023. El primero de ellos implicó el retorno de los vuelos desde Estados Unidos a Caracas con ciudadanos venezolanos que son deportados desde norteamérica.
Luego, en el marco de los acuerdos de Barbados en los que el régimen se había comprometido con la oposición a realizar elecciones y levantar proscripciones a candidatos, la segunda gran acción que realizó Washington con Caracas fue levantar parcialmente las sanciones a Venezuela en asuntos como la explotación petrolera y de oro.
El gobierno de Estados Unidos afirmó en esa oportunidad que el acuerdo también es beneficioso para los norteamericanos. En los primeros meses ya se observó una reducción de las ventas ilegales de petróleo que Venezuela hacía, para retornar al mercado legal.
El tercer acuerdo fue el más polémico de todos porque además no tiene retroceso. A finales de diciembre el régimen chavista liberó a diez estadounidenses presos en Caracas pero implicó la liberación por parte de Estados Unidos de Alex Saab, un empresario colombiano que fue detenido por lavado de dinero y es señalado como testaferro de Maduro.
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló el sábado que la descalificación de Machado “es incongruente” con el compromiso del régimen chavista de celebrar elecciones presidenciales libres y justas. Washington resaltó entonces que estaba “revisando” la política de sanciones a Venezuela como consecuencia del fallo del tribunal y de las recientes acciones contra críticos del gobierno, entre ellos miembros del equipo de campaña de Machado, activistas de derechos humanas y periodistas.
Pese a que estaba en riesgo la flexibilización limitada y temporal de las sanciones aplicada por Washington para alentar la negociación, el jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez, negó la posibilidad de reversión del fallo.
El viernes pasado la posibilidad de unas elecciones presidenciales libres recibió un duro golpe cuando el máximo tribunal de justicia del país -afín al chavismo- confirmó la inhabilitación de María Corina Machado para ejercer cargos.
La líder de Vente Venezuela (VV) ganó las primarias presidenciales de la oposición con más del 90% de los votos. Su victoria se produjo a pesar de que el régimen anunció su inhabilitación por 15 años pocos días después de que se inscribiera formalmente en la contienda en junio.
