Ejecuciones policiales

El director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrín Bautista Almonte,  libró orden de suspensión contra los miembros de la patrulla policial que en un video que ha circulado en las redes sociales, luce comprometida en la muerte del abogado Aquiles Martínez, quien fue apresado respondiendo a denuncias de que en estado de embriaguez se encontraba provocando desórdenes.

El  alto mando policial dio seguridades a la familia del occiso así como al presidente del Colegio Dominicano de Abogados, Miguel Surún, de que el caso sería investigado de manera prolija para establecer las circunstancias en que se produjo el lamentable hecho, y el posible grado de responsabilidad para los agentes que participaron en el operativo de arresto.

Sin adelantar juicios de valor ni prejuzgar anticipadamente el resultado de la indagatoria que cabe suponer de seguro corresponda llevar al Departamento de Asuntos Internos del cuerpo policial, es de significar que esta denuncia no se contrae a un caso aislado.    Por el contrario, ha sido hasta ahora penosa y sorprendente la cantidad de ocasiones en que ciudadanos apresados por la Policía han resultado muertos después de haber sido apresados, y sin que mediara como circunstancia atenuante la menor evidencia de que hubieran incurrido en actos de rebeldía o agresión frente a los uniformados.

En no pocos casos, evidencia fílmica, obtenida a través de celulares, ha dejado constancia irrebatible de que personas apresadas por patrullas de uniformados, no pocas veces en redadas y sin que mediara evidencia in fraganti de la comisión de un delito, han  resultado muertos por disparos de los agentes después de haber sido detenidos, e inclusive estando esposados. En algunos inclusive ha aparecido el clásico tiro de gracia.  Son las clásicas “ejecuciones extrajudiciales”, que reseñadas por cientos, bajo severa condena inclusive de los organismos internacionales de derechos humanos, carga como un pesado lastre sobre el prestigio del cuerpo de orden público y drena hasta llevarlo a su punto más bajo el nivel de confianza de que goza en la ciudadanía.

Hasta ahora han fracasado todas las medidas presuntamente adoptadas a lo interno de la institución policial para reducir hasta llegar a eliminar la práctica criminal de las ejecuciones sumarias, incluyendo las frecuentes depuraciones que han extrañado de sus filas a miles de efectivos incluyendo altos oficiales, y  sometido casos extremos a los tribunales ordinarios.

Nos atrevemos a aventurar una vez más que quizás el mal de origen se halla en el reclutamiento del personal que pasa a formar filas en cuerpo policial.  Y que mientras persistan las actuales condiciones que se ofrece a los integrantes de la misma, entiéndase salarios insuficientes para atender los más elementales requerimientos familiares, pobre asistencia social, escasas oportunidades de ascenso y progreso a cambio de una tarea, de por sí ingrata y de alto y continuo riesgo de vida, no será posible que la Policía Nacional pueda nutrirse de personal de valía, forjado en valores éticos y con una clara conciencia de sus responsabilidades para con la institución y la sociedad.

Modestia aparte, no creemos estar equivocados.