Bangkok.- En 2021, Tailandia se sumó a un selecto grupo de países del Sudeste Asiático al legalizar el aborto, pero dos años después poner fin a un embarazo no deseado sigue siendo un tabú en esa nación de mayoría budista, donde continúan la prácticas clandestinas debido a dogmas religiosos y falta de información.
Tailandia legalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación en febrero de 2021 y, el pasado septiembre, extendió el plazo hasta las 20 semanas. Sin embargo, su acceso aún supone un desafío en medio de la escasez de orientación especializada y el rechazo de profesionales en realizarlo debido a creencias personales.
«La religión tiene un papel muy importante y muchos médicos y profesionales de salud asocian la práctica a un pecado que puede influir en su karma», dice en una entrevista con EFE la activista y coordinadora de la ONG Choices Network Tailandia, Kritaya Archavanitkul, quien actúa desde hace tres décadas por los derechos de las mujeres.
Cada año, se estima que unas 300.000 mujeres se someten a un aborto en Tailandia, muchos a través de técnicas clandestinas debido a la dificultad de acceder por las vías legales, según los datos del Sistema de Referencia para el Aborto Seguro (RSA, por sus siglas en inglés), una asociación independiente pero reconocida por el Ministerio de Salud tailandés.
La entidad calcula que cerca de 30.000 de esos casos terminan en lesiones o muerte de las mujeres.
Así, la ley de 2021, con la que Tailandia se une a otros países del Sudeste Asiático que permiten la interrupción del embarazo sin justificantes, como Vietnam, Camboya y Singapur, es considerada un «importante marco» para los derechos de las mujeres de la región.
«Podemos decir que es una ley bastante progresista, porque le da a la mujer el poder de decidir sobre su propio cuerpo y acceder libremente al servicio de aborto dentro de la ley y del sistema de salud», afirma Kritaya.
No obstante, apunta que, pese a la normativa, en la práctica poca cosa ha cambiado, ya que «abortar todavía se considera una actividad clandestina» en medio de las trabas morales, sociales y legales que aún imperan en la sociedad.
«En teoría, cualquier mujer puede ir a un hospital público y acceder a pastillas y ayuda médica gratis, pero en la práctica, cuando buscan un aborto, la mayoría de los hospitales dicen que no ofrecen ese tipo de servicio», explica.
A día de hoy, Tailandia cuenta con cerca de un centenar de clínicas u hospitales, la mayoría públicos pero algunos privados, que realizan la interrupción de embarazos, distribuidos por 38 de las 77 provincias del país -lo que supone una cobertura en menos del 50 % del territorio nacional.
A la escasez de la oferta de centros que realizan el procedimiento se suman dificultades como el hecho de que varios establecimientos se limitan a brindar asistencia a tan solo los residentes locales, con lo cual mujeres que viven en provincias que carecen del servicio a menudo se quedan desamparadas, apunta Kritaya.
Ante la ausencia de soporte legal, muchas se ven obligadas a recurrir a prácticas poco seguras, como abortos clandestinos y uso de drogas, o desembolsar «sumas exorbitantes» para realizar el procedimiento.
Es el caso de B.M., de 19 años y quien viajó acompañada de su novio en búsqueda de un aborto en una clínica particular de Bangkok tras tener su solicitud negada en tres centros de salud de su provincia, en la parte nororiental del país.
Bajo la condición de anonimato, B.M. relata a EFE que en las últimas nueve semanas ha vivido «una verdadera pesadilla» porque, además de ocultar el embarazo de su familia -«son todos muy tradicionales y jamás lo entenderían»- no sabía si lograría recaudar los fondos necesarios para el viaje y el procedimiento en Bangkok.
El precio para interrumpir un embarazo en un centro privado de la capital tailandesa gira en torno a los 5.000 baht (unos 150 dólares), aunque la cifra puede ascender hasta los 20.000 baht (590 dólares) dependiendo de lo avanzada que esté la gestación.
«Pero se me agotaba el tiempo y se me acababan las opciones. Entonces reuní a algunos amigos, ellos me prestaron el dinero y pudimos venir, pero aún no sé cómo haré para devolverles», cuenta B.M..
SECRETO A VOCES
La joven afirma que llegó a la clínica, ubicada a pocos metros de la concurrida zona comercial de Asok, gracias a un consejo de una conocida, pues «aunque nadie habla sobre ello, el aborto es un secreto a voces».
Una máxima que se repite incluso entre médicos y profesionales de salud, ya que no es inusual que brinden asistencia acerca de la práctica de forma velada.
«Algunos establecimientos sí ofrecen el procedimiento pero no quieren que nadie sepa, porque no quieren ser conocidos como el ‘hospital del aborto'», indica Kritaya.
Una ginecóloga del renombrado hospital Bumrungrad de Bangkok, quien pidió no revelar su identidad, reconoció a EFE que, pese a que es un derecho reconocido por ley, muchos profesionales aún rechazan realizar abortos por el temor de «manchar su reputación».
«A menudo mis pacientes piden orientación sobre el tema y, aunque yo personalmente no lo haga, siempre acabo por indicar los locales que lo hacen», afirma.
Pero pese a las «muchas dificultades» que perduran, Tailandia empieza a ver un cambio de paradigma, ya sea gracias a la creación de servicios por teléfono o internet para auxiliar a las mujeres, la mayor concienciación o las nuevas generaciones de profesionales «más dispuestos» a realizar el procedimiento.
«Muy lentamente el estigma está cambiando, hay un número cada vez mayor de médicos y centros de salud que ofrecen el servicio y también un cambio de mentalidad, pues muchos pasaron a entender que en realidad están ayudando a esas mujeres», matiza Kritaya.