El Conep reitera la importancia de la modificación de la ley electoral

SANTO DOMINGO.– El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, valoró el carácter prioritario dado por el Congreso Nacional al conocimiento y discusión con fines de aprobación del proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral.

El presidente del CONEP destacó que la reintroducción de este proyecto en la actual legislatura extraordinaria y su reciente aprobación en primera lectura por el Senado, con las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados, “muestran el interés de los legisladores de contribuir a la modernización del régimen electoral en la República Dominicana, que es un tema fundamental ante los procesos electorales venideros y para el fortalecimiento de la democracia en el país”, expresó.

“Este proyecto legislativo, así como el de la Ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, reintroducida en el Senado en esta semana, permitirán contar con un marco jurídico que responda los principios de libertad, transparencia, equidad y objetividad establecidos en la Constitución”, sostuvo Celso Juan Marranzini.

Recordó que el sector empresarial, como resultado de un amplio proceso consultivo entre empresas y gremios empresariales, ya ha expresado ante el Senado de la República y el Consejo Económico y Social (CES) su posición sobre la pertinencia y la relevancia de la adecuación de la Ley electoral.

Entre sus recomendaciones, los empresarios llaman a las autoridades competentes a erradicar definitivamente la posibilidad de que recursos ilícitos puedan permear la actividad política; a evitar que el crimen organizado traspase los partidos políticos, y a fortalecer el escrutinio del patrimonio de los candidatos y de los aportes que reciben.

Asimismo, el sector empresarial aboga por fortalecer el rol de control y fiscalización de la Junta Central Electoral (JCE), como órgano rector, mediante su Unidad de Control. Esto le otorga la facultad de imponer a los partidos políticos cumplir con las declaraciones, los informes y las obligaciones que garanticen la debida transparencia y fiscalización de sus ingresos y egresos, así como del financiamiento privado de precandidatos y candidatos, y el gasto de precampañas y campañas.

El sector empresarial considera fundamental reforzar la potestad reglamentaria de la JCE, que la autoriza a expedir normas de carácter general destinadas a la ejecución y el cumplimiento de la ley, una facultad constitucional que se da a este órgano mediante el artículo 212 de la Constitución de la República Dominicana.