De no bajar la guardia y acordar una tregua a la búsqueda de una solución negociada, a partir precisamente del Día del Trabajo, entra en vigencia el boicot de servicios dispuesto por el Colegio Médico Dominicano contra la ARS Humano, que es proveedora de servicios de salud de la seguridad social que cuenta con mayor número de afiliados.
Seguramente ha sido esa circunstancia la que determinó que se escogiera como la primera de las ARS que integran el sistema dentro de un plan de suspensión de servicios profesionales a ser aplicado de manera progresiva, donde cada semana, según anunció el presidente del gremio médico, Waldo Roa, se irá extendiendo a una nueva aseguradora.
Desde que se hizo el anuncio del boicott, el Departamento de Información y Defensoría de la Seguridad Social (DIDA), a través de su directora general, Nélsida Marmolejos, advirtió sobre el alto riesgo en que quedarían los afiliados al sistema, instando a la Superintendencia de Salud (SISALRIL) a intervenir como mediadora en el conflicto.
Oportuno recordar que el papel que la ley otorga a la DIDA es de simple intermediaria por lo que carece de poder de decisión dentro del sistema. Este, en cambio, en el área de salud es atributo en primera instancia de la SISALSIL, y en segunda, como órgano supremo, el Consejo Nacional de la Seguridad Social.
Dada su conformación y la complejidad de los intereses que concurren en el Sistema de la Seguridad Social, estos con frecuencia entran en conflicto con los que debieran ser los objetivos fundamentales del mismo, que es el de garantizar óptimos servicios de salud y pensiones decorosas a los asegurados.
Esa situación mantiene el sistema en una casi permanente condición de crisis y a los afiliados en estado de inseguridad y zozobra, tanto del sector contributivo como subsidiado, cuya cobertura ya alcanza a más del 70 por ciento de la población.
Ahora mismo, la ley de Seguridad Social está siendo sometida a revisión en el Senado, a través de una comisión que preside José Rafael Vargas, la cual está recabando informaciones, opiniones y sugerencias de los diferentes actores que intervienen en el proceso. Es de esperar que los aspectos antes señalados se tomen muy en cuenta para que puedan incorporarse a las necesarias modificaciones.
El sistema de la Seguridad Social, ley anunciada a bombos y platillos y que proyectó tantas expectativas a favor de la totalidad de la población en la práctica ha presentado muchas fallas y lagunas, por lo que no puede seguir dando bandazos como hasta ahora con grave peligro de naufragio.
La presente crisis, posiblemente la más grave de las muchas que ha enfrentado el sistema en los casi diecisiete años que entró en vigencia, es una buena demostración de que los intereses sectoriales han estado primando sobre el de los asegurados. De concretarse la amenaza de privación de servicios profesionales a los afiliados a las ARS quedarían en riesgo la salud y aún la vida de los mismos, vulnerando el sagrado derecho que les corresponde de recibir asistencia médica en caso de necesidad.