Data ya de tiempo suficiente para dejarse sentir que la aprobación y promulgación de la ley que dio vida al Instituto de Transporte Terrestre (INTRANT).
Creado con la finalidad de poner orden en el caótico sistema de tránsito que prevalece en el país, terminar con el desorden y la impunidad con que se violan las normas que lo rigen y poner freno a la sangría que provocan los accidentes de tránsito y nos conceden el penoso privilegio de ser el segundo país del mundo donde se registra mayor proporción de muertes por ese motivo, su nacimiento vino escoltado por las mas alentadoras expectativas.
En la práctica, lamentablemente, no se ha percibido así. De su seno surge con frecuencia el anuncio de la elaboración de planes de diversa índole que hasta ahora, sin embargo, no han pasado de ser proyectos teóricos de difusión mediática.
Por lo pronto, se percibe en el INTRANT una completa falta de mecanismos que hagan prevalecer su autoridad, puesta a prueba con resultados negativos con la desafiante actitud mostrada por las federaciones y gremios de empresarios y choferes del sector, que van desde la realización de paros sin previo anuncio hasta el aumento unilateral de los pasajes, a despecho de las advertencias del organismo de que se aplicarán sanciones por ese motivo. Un aviso que es retado e ignorado por los infractores.
Decenas de miles de choferes, públicos y privados, siguen conduciendo sin estar provistos de licencia o con la misma vencida; un alto porcentaje de vehículos transitan sin su seguro al día, o simplemente carecen de el. Las violaciones de tránsito, no obstante el aumento significativo de las multas, siguen a la orden del día, ante la mirada mucha veces distraída de los agentes de la DIGESETT, vehículos oficiales se consideran con patente de corso para cometer todo género de infracciones; patanas y vehículos pesados transitan a paso de carga amenazando llevarse todo lo que encuentren por delante; las voladoras y concheros en su mayoría conduciendo carros destartalados en continua y peligrosa competencia por los pasajeros y, sobre todo, los motoristas que se consideran y actúan como si fuesen los dueños de las vías públicas haciendo todo género de riesgosas piruetas y conduciendo hasta cinco personas, en ocasiones varios niños, en condiciones del mas alto riesgo.
Como lógica consecuencia de todo este desorden, los resultados siguen siendo los mismos en cuanto al número de accidentes vehiculares, y el trágico saldo que dejan de víctimas fatales y lesionados en muchos casos con algún tipo de minusvalidez de largo y costoso tratamiento de rehabilitación, o de manera permanente.
Para el primer semestre de este año se reportan 636 personas muertas por accidentes vehiculares, un número seguramente mayor si se computan los que posteriormente en los hospitales a consecuencia de las lesiones recibidas. Un 64 por ciento, número que aparece consistente en todos los reportes de accidentes trágicos corresponde a motoristas. Las perdidas económicas para el Estado y la contabilidad de las empresas aseguradoras se computan en decenas de miles de millones de pesos.
Es como una indetenible hemorragia que constituye el principal reto para el INTRANT. Un desafío que hasta ahora no ha dado señales de poder superar.
Ojalá estar equivocados.