La situación del país y sus perspectivas pueden resumirse muy apretadamente en estos puntos y consideraciones:
1.-Pese a los dos años de luchas estelares y movilizaciones multitudinarias, centradas en procurar el fin de la impunidad y la corrupción, e independientemente de los importantes logros alcanzados por Marcha Verde- MV, sobre todo en cuanto creación de conciencia, capacidad combativa y poder de convocatoria, el sistema institucional -conformado como dictadura constitucional controlada por mafias políticas, militares policiales y empresariales- ha logrado bloquear esa meta y reproducir sus prácticas, agravando los males que aquejan la Nación y su relación con el mundo.
Las presiones sobre el gobierno y del Estado han sido respondidas con “mareos” y simulacros judiciales, como el “Juicio Odebrech”; vaciado de sobrevaluaciones y financiación electoral ilegal, excluida Punta Catalina y los principales responsables: Leonel, Hipólito, Danilo, Temo, Reynaldo Pared Pérez, Bichara, Gonzalo Castillo, JR Peralta, Manuel Estrella…
2.-El crecimiento de la economía con desigualdades profundas y ascendentes, sobre-explotación, corrupción e impunidad in-contenidas, se ha tornado cada vez más frágil y riesgoso para quienes detentan el poder (niveles astronómicos de la deuda pública, externa e interna, altísimos déficit fiscal y agravamiento de la deuda social a niveles potencialmente explosivos).
3.-Gobierno de turno y partidos tradicionales no solo se siguen mostrando como protagonistas de un poder corrupto y corruptor, sino también como entes subordinados a los designios de EEUU, tanto en política exterior como en cuanto a la voracidad respecto al patrimonio natural de la isla.
El coloniaje ha tenido en estos días una expresión grotesca, precisamente en un país como el nuestro, víctima de la intervención militar estadounidense: ambos polos electorales tradicionales (gobierno y oposición) se han alineado junto a Trump y la extrema derecha contra Venezuela soberana.
Puede debatirse cualquier nivel crítico respecto al actual gobierno venezolano y al proceder anterior del Presidente Maduro, pero jamás aceptarse sin repudiar eso de hacer causa común con la formula TRUMP-GUAIDÓ y la estrategia estadounidense y ultraderechista de golpe y /o invasión militar.
4.-La corrupción que embarra el gobierno actual y las instituciones no cesa de manifestarse en forma ascendente desangrando fondos estatales, depredando el patrimonio nacional y disponiendo de dinero sucio camino al 2020 electoral; montados sus protagonistas principales sobre un vertedero de privilegios escandalosos, nuevas asignaciones ilegales, estafas y sobornos y, para colmo, empleando narco-conexiones para competir entre sí, como ha acontecido recientemente con el liderazgo político tradicional de los últimos 22 años en el caso QUIRINO (Leonel, Hipólito y Danilo metidos en esa tombola).
5.-La institucionalidad vigente, especialmente sus detentadores desde el sistema de partidos y sus jorocones del empresariado, no tienen de otra que aferrarse a su existencia y su reproducción por la vía de un proceso electoral estructuralmente corrompido y fraudulento, garante de su continuidad o de su recicla miento cada cuatro años.
La re-postulación de Danilo Medina vuelve y vuelve con sus lacras y malas artes, traumas y suciezas.
La mala conciencia y los riesgos de pérdida de libertad y fortunas, generados por la indignación verde, los aferra al poder a cualquier precio; a un poder en el que intervienen agresivas mafias políticas, empresariales y militares.
La manipulación y pactos espurios respecto a una ley de partidos mostrenca, que además ya están violando a conveniencia, ha reforzado el oligopolio electoral a favor de los partidos mejores financiados por la corrupción pública y privada; mientras la aprobación precipitada de la ley orgánica, además de no ser sorpresa, no deja dudas sobre la repetición de la farsa con ventajas para los jefes y beneficiarios de la dictadura constitucional mafiosa.
El debate sobre la asignación de fondos para las primarias de los dos partidos mayoritarios, devela su intención de usar en beneficio de los gerentes y actores del sistema a costa de más penurias para el pueblo llano; amén de toda la tramposería que anima esa competencia por el asalto y uso de los recursos públicos y las espurias arcas moradas.
6.-El racismo anti-haitiano de corte fascista, que no es igual a preocupación genuina por el tema migratorio ni al respeto mutuo de la línea fronteriza y las identidades nacionales dominicana y haitiana, está siendo febrilmente utilizado como arma de chantaje y derechización de esa espuria competencia electoral y, peor aún, como instrumento para conformar una corriente política, que si por inacción de la contrapartida logra convertirse en fuerza masiva, podría generar situaciones trágicas.
Eso ha incluido el empleo de este delicado tema para intentar dividir a Marcha Verde y a los movimientos sociales contestatarios, que nada tienen que ver con políticas migratorias y mucho menos con la conversión de las fronteras en espacio de negocios y delitos deleznables a cargo de políticos corruptos, funcionarios inescrupulosos empresarios y jefes militares dedicados al enriquecimiento rápido.
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EN CONCLUSIÓN:
Así las cosas, nada sugiere que lo electoral en el 2020 será mejor que en el 2016. Todo lo contrario: la situación, en cuanto a la esencia del poder constituido, ha cambiado para peor.
Los factores nuevos y esperanzadores siguen siendo el enorme poder de convocatoria, prestigio y fuerza atractiva y unificadora de MV, y la emergencia de los movimientos sociales en lucha con su capacidad para protestar, paralizar amplias áreas del país y aplicar diversas modalidades de presión y desobediencia civil; siempre que logren asumir con más contundencia el ejercicio de la democracia de calle, incorporar con más determinación una línea de paralizaciones hacia los paros nacionales y el empleo de la desobediencia civil con modalidades innovadoras realmente impactante.
Si al interior de este sistema dictatorial y mafioso no hay vía institucional-electoral para ponerle fin al cuadro descrito, es absolutamente legitimo y posible hacerlo asumiendo no solo una línea de acorralamiento de los protagonistas de la corrupción y la impunidad, sino además un proceso destituyente y quiebra de lo establecido, y un proceso constituyente de una nueva institucionalidad basada en una nueva Constitución que posibilite generar justicia y bienestar colectivo.
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