SANTO DOMINGO.- El ministro de Interior y Policía Jesús Vásquez, reiteró este domingo que el país no está en capacidad de dar asistencia a la gran cantidad de parturientas haitianas indocumentadas que llegan al país en labor de parto, las cuales están llegando al 40 por ciento de ocupación hospitalaria.
“El Estado Dominicano no está en capacidad de resolver los problemas de las dominicanas, de los dominicanos y de los haitianos junto, nosotros tenemos que entender que solo los casos de emergencia se atiende en República Dominicana, los demás casos es Haití que debe de cargar con ese tema”, señaló.
En ese sentido, el funcionario Jesús Vásquez, insistió en que la comunidad internacional debe intervenir en la crisis económica, política y social que enfrenta el vecino país de Haití.
Al ser cuestionado sobre la denuncia de que una parturienta haitiana rompió fuente dentro de uno de los vehículos de la Dirección General de Migración cuando fue detenida, Vásquez se limitó a decir que la decisión adoptada es que se atiendan los casos de emergencias.
Por último, dijo que hay que seguir reforzando la frontera para evitar que penetren al país inmigrantes legales.
“También hay bandas que se dedicaban a ese tipo de práctica y nosotros tenemos que…. No podemos seguir, qué vamos hacer con las dominicanas? Es fácil para el Estado aumentar la capacidad para atender a las haitianas y a las dominicanas? nosotros tenemos un compromiso con República Dominicano, con los dominicanos y nosotros tenemos que darle respuesta a los dominicanos y a los extranjeros que viven en República Dominicana de manera legal”, afirmó.
En varios vídeos que circulan hace días en las redes sociales se ve a embarazadas y mujeres con niños pequeños subiendo a un autobús de la Dirección General de Migración, estacionado a las puertas de un hospital.
A través de las redes sociales Bruno Maes, representante de Unicef en Haití, indicó que recibieron la información de al menos 130 embarazadas y mujeres con recién nacidos que buscaban atención en el país fueron detenidas o deportadas a Haití en condiciones deplorables.
Asimismo explican que ese organismo internacional condena esos actos ya que las mujeres y los niños tienen derecho a buscar y encontrar atención médica en el país donde viven.