San Salvador. – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, indicó este viernes que considera que «sí se debe eliminar la deuda política (financiamiento)» a los partidos políticos del país, contrario a lo que opina el líder de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, del oficialista Nuevas Ideas (NI).
«Pues yo sí creo que se debe eliminar la deuda política en El Salvador», publicó en un mensaje en X Bukele y aseguró que «los partidos políticos se pueden financiar como nos financiamos nosotros en el 2019», año en que el mandatario corrió por la Presidencia bajo la bandera del partido de ultraderecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
El presidente agregó: «¿Difícil? sí, fue difícil. ¿Pero no fue mejor así?».
Ante preguntas de la prensa, el presidente del Congreso declaró el miércoles que la entrega de fondos públicos a las formaciones políticas «está dentro de las leyes de la República que nosotros debemos respetar».
«Nosotros podemos quitar la deuda política, para nosotros no es problema, pero las preguntas van a ser diferentes: Entonces, ahora, ¿quiénes van a financiar a los partidos políticos?, ¿será que los narcos (narcotraficantes) o fuerzas oscuras van a financiar a los partidos políticos?, ¿quién los va auditar, si no son fondos del Estado?», cuestionó Castro, de acuerdo con la prensa local.
Entre tanto, el secretario general del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, aseguró este viernes que la deuda política es «importante» para los partidos porque «evita que el narcotráfico y el crimen organizado, como en Guatemala, penetren en la política del país».
«Repito, para evitar el financiamiento del narco y del crimen organizado se impulsó la deuda política», dijo Flores en declaraciones a periodistas.
La Constitución salvadoreña y la Ley de Partidos Políticos reconoce «la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia».
La Ley de Partidos Políticos indica que estos «tendrán derecho a recibir del Estado una suma de dinero por cada voto válido que obtengan en las elecciones», fondo que es utilizado para financiar sus campañas.
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