El remolque político necesario
Por eso, la historia política dominicana enseña que los mejores acuerdos han surgido no de la confrontación, sino de la cooperación patriótica.
Actualizado: 24 de Octubre, 2025, 02:05 PM
Publicado: 24 de Octubre, 2025, 01:09 PM
Santo Domingo.– No es asunto de pitcher y catcher. No. Eso fue dicho y propalado como falsedad para desacreditar.
Juan Bosch y Joaquín Balaguer jugaron el juego —no importa la redundancia— de la política con un profundo sentido de civismo, responsabilidad y educación, dejando una escuela de comportamiento institucional para quienes, en uno u otro partido, quisimos seguirles.
I. Un proceso histórico de madurez democrática
Si se evalúa el proceso político dominicano desde la caída de la dictadura en 1961 —y, sobre todo, desde 1966 hasta nuestros días—, se advierte que los principales momentos de transición y estabilidad no fueron fruto de la casualidad, sino de la convergencia de voluntades que entendieron el sentido del Estado por encima del partido.
El traspaso de poder de Joaquín Balaguer a Leonel Fernández en 1996 simbolizó esa madurez. Aquel pacto político, que fue incomprendido por muchos y denigrado por otros, representó uno de los actos más altos de responsabilidad institucional desde el retorno de la democracia.
Balaguer entendía que las grandes transiciones solo pueden sostenerse cuando quienes salen del poder piensan en el país, y quienes llegan al poder respetan la continuidad del Estado.
II. La ley de la necesidad política
En la vida de los pueblos hay momentos en que las pasiones deben ceder ante la razón de Estado.
A veces, la estabilidad requiere —como decía el propio Balaguer— de un “remolque político”: una decisión práctica y ética a la vez, orientada a preservar la continuidad de las instituciones y evitar rupturas que podrían dañar al país.
Ese remolque no es debilidad ni sometimiento: es una forma de sabiduría política, el reconocimiento de que ningún proyecto nacional se sostiene sin cooperación entre adversarios y sin una visión que trascienda los ciclos electorales.
III. Ejemplos notables
A lo largo de nuestra historia reciente, distintos servidores públicos asumieron funciones en gobiernos de signo distinto al propio, movidos por el sentido de responsabilidad nacional y la búsqueda del bien común.
1. Dr. Rafael Alburquerque: candidato vicepresidencial de Juan Bosch y el PLD en 1978 y 1982.
2. Dr. Rafael Alburquerque: Ministro de Trabajo del Gobierno de Joaquín Balaguer entre 1993 y 1996.
3. Dr. Rafael Alburquerque: Ministro de Trabajo del Presidente Leonel Fernández (1996–2000).
4. Dr. Rafael Alburquerque: Vicepresidente de la República en el Gobierno del Presidente Leonel Fernández (2004–2012).
5. Víctor Manuel Grimaldi Céspedes: Contralor General de la República durante los últimos seis meses del Gobierno del Presidente Balaguer en 1996, cuando se produjo el pacto de apoyo al PLD que facilitó la llegada al poder del Presidente Leonel Fernández.
6. Víctor Manuel Grimaldi Céspedes: Embajador ante la Santa Sede, designado por el Presidente Leonel Fernández en 2009.
IV. El llamado de Balaguer a sus discípulos
Tanto el Dr. Rafael Alburquerque como Víctor Manuel Grimaldi Céspedes —ambos discípulos del Profesor Juan Bosch— fueron llamados separadamente al despacho del Presidente Joaquín Balaguer en los años finales de su gobierno.
Balaguer, con su proverbial prudencia y visión de estadista, les pidió colaborar con él en tareas específicas que consideraba fundamentales para el futuro inmediato del país.
Al Dr. Alburquerque le encomendó la conducción de la reforma laboral, convencido de que era necesaria una legislación moderna y equilibrada que armonizara los derechos de los trabajadores con la estabilidad de las empresas.
A Víctor Manuel Grimaldi Céspedes, Balaguer le confió el estricto control y supervisión de los fondos del Estado en un momento de gran sensibilidad política y económica, cuando el Presidente intuía que el Partido de Bosch —el PLD— sería su legítimo heredero en el poder.
Ambos aceptaron, no por conveniencia, sino por sentido del deber y respeto a la autoridad institucional. Su actuación demostró que la lealtad a la nación está por encima de la pertenencia partidaria, y que el servicio público, cuando se ejerce con conciencia, trasciende los colores políticos.
V. La visión diplomática del servicio público
Desde una perspectiva diplomática, el “remolque político” puede compararse con los mecanismos de consenso que existen en la política internacional.
En las relaciones entre Estados —igual que en la política nacional— no siempre prevalece la afinidad ideológica, sino la búsqueda de equilibrios que garanticen la paz y la estabilidad.
Del mismo modo, en los gobiernos democráticos hay momentos en que el diálogo y la participación de actores diversos resultan indispensables para consolidar el desarrollo.
El verdadero estadista no teme compartir responsabilidades con quienes piensan distinto: sabe que el bien común exige amplitud y serenidad.
Por eso, la historia política dominicana enseña que los mejores acuerdos han surgido no de la confrontación, sino de la cooperación patriótica.
VI. Ejemplos de que el ejercicio de los cargos públicos lo inspira el necesario servicio al bien común
Estos hechos no deben interpretarse como simples alianzas coyunturales, sino como manifestaciones de una visión superior del deber público.
Cuando los líderes políticos —aun provenientes de corrientes distintas— aceptan colaborar o designar servidores en nombre de la estabilidad nacional, lo hacen movidos por una convicción esencial: que el poder solo tiene sentido si se ejerce para servir al bien común.
El Estado no pertenece a un partido.
Es una responsabilidad compartida que exige competencia, honestidad y continuidad.
De ahí que los momentos más luminosos de nuestra historia reciente correspondan a aquellos en que el liderazgo político fue capaz de anteponer el interés nacional a la conveniencia inmediata, y de entender que la auténtica política es un acto de servicio, no de dominio.
En definitiva, el remolque político necesario no busca ventajas personales, sino asegurar que las instituciones funcionen con decoro, eficiencia y continuidad, para el bien de la República Dominicana y de todos sus ciudadanos.


