Ocultan los Medios de Comunicación en sus emisiones sensacionalistas, la contumacia y la complicidad del Estado y del Poder Político y Social, en esta nueva deflagración, provocada por una planta de distribución de Gas Licuado de Petróleo, en el Sector Los Ríos, del Distrito Nacional.
Aparecen Diputados, Regidores, Ministros, el Plan Social, y hasta el Alcalde del Distrito para mostrar su solidaridad con las víctimas y damnificados por el Siniestro. Claro está, todos tienen una explicación o una excusa para darle razones a esta irresponsabilidad política del Estado Dominicano.
Estamos frente a un delito o un crimen flagrante contra los Derechos Humanos, si es que entendemos que todos los daños provocados por el Estado contra los ciudadanos, son violaciones a los Derechos Humanos. Todos a una, quieren convencernos de que esta empresa cumplía con todos los requisitos legales, medioambientales e industriales, pero el desastre y el riesgo llegaron sin ninguno de estos permisos.
Supo el Estado del hacinamiento industrial y municipal con la explosión y la catástrofe. Pues allí la convivencia con este riesgo, los permisos de uso de suelo, las construcciones de viviendas y negocios, como los impuestos cobrados a las empresas y las primas de seguridad social o de pensiones, se cobraban en forma clandestina, y sin ningún conocimiento de las instituciones estatales.
Decía el Alcalde del Distrito, que el seguro de la Planta de Gas repararía los daños causados. Esto es otro engaño de la autoridad, quería conformar a las víctimas, porque ninguna empresa de combustible contrata coberturas de seguro, para daños de esta magnitud. Es que el negocio de los combustibles lo ejercen los grupos del Poder Político. Un sector que, ni con delitos contra los ciudadanos, como los robos con las máquinas dispensadoras, pueden ser castigados en los tribunales.
Recuerden lo ocurrido con otras explosiones, y con el sometimiento y condena llevada a cabo por Pro Consumidor contra varias Plantas de distribución de Gas Propano, en el Distrito Nacional. Ninguna de estas Plantas, a pesar de las condenas, ha pagado las multas, ni cumplieron con las Sentencias de los Tribunales.
Tendrán las personas y los dueños de propiedades afectadas que recurrir a Tribunales Internacionales, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para hacer valer sus derechos a reparaciones civiles y a compensaciones morales. Pues en el país los Tribunales están subordinados a los sectores financieros de poder. Se declararán insolventes para sufragar los Costos Civiles, Materiales y Morales ante los Tribunales, pero con la contumacia y complicidad del Estado Dominicano.