Embajada de EEUU en RD apoya aprobación de Ley de Extinción de Dominio
La normativa constituye, además, una herramienta para castigar la corrupción administrativa, el lavado de activos, el tráfico de drogas, la trata de personas, incluyendo inmigrantes ilegales y el proxenetismo, entre otros delitos.
SANTO DOMINGO.- La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana manifestó su apoyo e implementación de la Ley de Extinción de Dominio en el país.
A través de su cuenta oficial en Instagram posteó una publicación donde expresan que la República Dominicana realizó una importante acción y que los Estados Unidos “apoyará a quienes luchan por la justicia y la transparencia”.
El Senado de la República aprobó en única lectura el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que tiene por objetivo principal recuperar los bienes que provengan directa o indirectamente de un hecho ilícito realizado en el territorio nacional o en el extranjero.
La normativa indica que el juicio de extinción de dominio es independiente y autónomo del procedimiento penal, civil o de cualquier otra naturaleza jurisdiccional, administrativa o arbitral. La existencia de otro proceso judicial no podrá ser obstáculo para el inicio de un caso de extinción de dominio.
De igual manera, la iniciativa legislativa contempla presunción de buena fe en todo acto de negocio jurídico relacionado con la adquisición o destinación de bienes, la imparcialidad e independencia de los jueces que conozcan estos procesos y la magnitud del daño con el o los crímenes que sirven de base para sustentar cada acción judicial por enriquecimiento ilícito.
La extinción de dominio es una normativa jurídica dirigida contra los bienes de origen o destinación ilícita, la cual constituye una herramienta para la persecución de los activos obtenidos a través del crimen organizado, la corrupción y otras actividades criminales.
El proyecto de ley establece reglamentos para los procesos de extinción de dominio de bienes ilícitos, previstos en la Constitución de la República Dominicana. Además, define las competencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación.
La normativa constituye, además, una herramienta para castigar la corrupción administrativa, el lavado de activos, el tráfico de drogas, la trata de personas, incluyendo inmigrantes ilegales y el proxenetismo, entre otros delitos.
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