Emergencia energética: El Gobierno admite colapso eléctrico

El presidente Luis Abinader emitió el decreto 517-25 que declara en emergencia el sistema eléctrico nacional y permite a las EDES hacer compras sin licitación

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Santo Domingo.– En un giro que confirma la magnitud de la crisis eléctrica que vive República Dominicana, el presidente Luis Abinader declaró el sector energético en estado de emergencia nacional, a través del controvertido Decreto 517-25.

La medida permite a las empresas distribuidoras (EDES) realizar compras y contrataciones sin licitación, bajo el argumento de agilizar las respuestas ante los apagones que han dejado a comunidades enteras sin electricidad durante hasta 12 horas al día.

El documento, que incluye 13 considerandos, 7 vistos y 8 artículos, reconoce oficialmente el colapso estructural del sistema eléctrico, apelando a decretos de 2011 y 2013 como precedentes.

Entre los puntos más polémicos se encuentra la liberación de procesos para adquirir bombillos, cables, postes, generación de energía, baterías y hasta servicios de asesoría, todo bajo el paraguas de “emergencia”.

  • Según el Gobierno, la meta es reducir el impacto de la crisis en un plazo de un año, pero analistas y opositores advierten que no hay soluciones rápidas para un problema que lleva décadas acumulándose.

Críticas: ¿Solución urgente o improvisación peligrosa?

El decreto ha desatado una tormenta política y social. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo lo califican como prueba de que nunca hubo planificación, y temen que se utilice como una “licencia abierta” para ejecutar gastos millonarios sin controles ni fiscalización efectiva.

“El Gobierno no necesita un decreto, necesita gestión. Bajar un solo punto porcentual en pérdidas toma al menos dos años de trabajo constante”, advirtió el vocero del PLD, Juan Moreno. Por su parte, Johnny Pujols, de la Fuerza del Pueblo, cuestionó el alcance del decreto y la capacidad técnica del gobierno: “No se han ganado la confianza para manejar una herramienta tan amplia como esta”.

El experto en energía José Luis Moreno coincidió en que la crisis era previsible. “Faltan licitaciones anuales y previsión de la demanda. Además, hay dos plantas que siguen sin entrar en operación”, denunció.

Sociedad civil exige transparencia total

Incluso Participación Ciudadana, que rara vez se pronuncia sobre temas económicos, emitió un comunicado de urgencia. La organización cívica calificó como “insuficientes” las acciones del gobierno y exigió medidas claras para evitar que este decreto abra las puertas al despilfarro y la corrupción, tal como ha ocurrido en gestiones pasadas con estados de excepción.

La ciudadanía, mientras tanto, sigue a oscuras literal y metafóricamente esperando que las promesas no se queden en papel y que el “apagón” no sea también institucional.


Julio Caraballo

Julio Caraballo

Periodista y locutor

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