A un mes de que inicie el nuevo período gubernamental del presidente Danilo Medina y de que comience la primera legislatura del nuevo Congreso, en el ambiente político nacional se afianza la idea de que es necesario emprender un conjunto de reformas institucionales y económicas que contribuyan a fortalecer la democracia y la gobernabilidad, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad y el crecimiento de la economía dominicana. Es un criterio compartido de que las leyes electoral y de partidos políticos, la reforma fiscal integral y otras reformas en áreas cruciales como justicia y seguridad, energía y transporte, por ejemplo, deben ocupar lugares prioritarios en la agenda de los poderes públicos en un diálogo permanente con los sectores relevantes de la sociedad.
Sobre estos problemas y desafíos hay propuestas bien avanzadas que requieren ser afinadas, articuladas y consensuadas en sus aspectos fundamentales para ser aprobadas en un tiempo relativamente corto. Podría hablarse de una agenda de cien días de modo que el país reciba el nuevo año con bases firmes para seguir adelante con un entorno político-institucional y económico estable, que genere aún más confianza, más inversiones y más oportunidades de empleos en el sector privado, así como más y mejores políticas sociales en el sector público para enfrentar la pobreza, la marginalidad y el desamparo que afectan a amplios segmentos de la sociedad.
El presidente Medina y su gobierno están llamados a ejercer el liderazgo en todas estas iniciativas, con el apoyo de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al cual el pueblo le renovó el mandato de una manera inequívoca. Por supuesto, ejercer un liderazgo no significa imponer unilateralmente soluciones en temas tan críticos como los que están sobre la mesa en el momento político que vive la nación. Apertura, diálogo y concertación de parte del gobierno y del PLD en este proceso de reformas valdrán más que mil palabras para desmontar el manido discurso del partido único que algunos sectores esgrimen en contra del partido de gobierno. Sin embargo, concertar no significa procurar una imposible unanimidad
de criterios que solo puede llevar al inmovilismo y las postergación de las reformas. En todos estos temas hay núcleos duros de contenido necesarios que los sectores sensatos de la sociedad reconocen y que no pueden quedar fuera de las reformas para que las mismas tengan legitimidad, pero esto no resta al papel principal que está llamado a jugar el presidente Medina y el PLD, como partido mayoritario en las cámaras legislativas, en la conducción de estas reformas.
Esto lleva a considerar lo que debe esperarse de la oposición política en este proceso. Si bien en un régimen presidencial es muy común que el Poder Ejecutivo que cuente con una mayoría en las cámaras legislativas adopte sus legislaciones exclusivamente con el apoyo del partido o los partidos que lo sustentan –por ejemplo, el presidente Obama pasó la reforma del sistema de salud, el llamado Obamacare, sin un voto republicano-, no menos cierto es que cuando se trata de ciertos temas que conciernen a las reglas del juego político es importante contar con el apoyo de la más amplia variedad posible de fuerzas políticas. Por eso, la ley de partidos políticos o la ley electoral no pueden ser aprobadas exclusivamente con el apoyo de los legisladores del PLD.
Ahora bien, para que la oposición pueda ocupar su lugar legítimo en la mesa de la negociación tiene que adoptar posiciones sensatas y creíbles. Hasta ahora, los partidos de oposición, encabezados por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), no han mostrado tal cosa. Desconcertados ante una abrumadora derrota electoral mil veces anunciada, estos partidos políticos se han valido de algunos problemas aislados, que realmente ocurrieron en el proceso de conteo de votos, para alegar un inexistente fraude electoral, cuestionar la legitimidad de las elecciones y emprender acciones de protestas que, dicho sea de paso, no han contado siquiera con un respaldo mínimo en la sociedad. Agrupados bajo la causa del fraude electoral en una amalgama verdaderamente sorprendente e inconcebible, estos partidos políticos se han propuesto incluso deslucir los rituales propios de la vida institucional, como negarse a recibir los certificados de elección que emite por mandato de la ley la Junta Central Electoral; aunque con excepciones como David Collado, quien sí recibió su certificación y quien parece entender mejor que muchos políticos veteranos el papel que le corresponde jugar a cada quien.
Sin duda alguna, el contrapeso político al PLD es necesario para bien de la democracia dominicana. En la sociedad hay sectores que no se sienten representados por el PLD y necesitan canales para hacer sentir sus aspiraciones y posiciones. Pero si esos canales naturales, que son los partidos de oposición, desgastan sus fuerzas en acciones grandilocuentes, con una retórica que no interpela más que a ellos mismos y sin ninguna efectividad política, entonces esos segmentos de la sociedad se quedarán sin ser oídos. Por eso los partidos de oposición, especialmente los que cuentan con representación congresual, están llamados a calibrar mejor la coyuntura, entender que el pueblo votó mayoritariamente a favor del PLD y que su papel ahora es contribuir con propuestas sensatas a las reformas institucionales y económicas que se esperan . Si persisten en las actitudes que han mostrado desde el día de las elecciones, no solo perderán la oportunidad de incidir en este proceso de reformas, sino que privarán también a la sociedad de tener una opción alternativa viable al partido de gobierno cuando a la vuelta de cuatros años llegue el momento de elegir nuevas autoridades.
En cualquier caso, lo importante ahora es que el presidente Medina y el liderazgo congresual, en diálogo con los sectores relevantes de la sociedad, planteen la agenda de reformas, definan prioridades, discutan los contenidos y se avance en la toma de decisiones. Este es el mejor momento para hacerlo, no más de cien días a partir del 16 de agosto.
