Nueva York.- La Conferencia Católica del estado de Nueva York, junto a otras organizaciones religiosas y seculares, se unieron este martes a una demanda presentada por varios estados y entidades en contra de que se incluya en el próximo censo del 2020 en Estados Unidos una pregunta sobre ciudadanía.
Aseguran en el recurso legal que incluir esa pregunta «sin duda causará un recuento poblacional gravemente bajo de los hogares hispanos y de personas que no son ciudadanas» de forma legal, lo que resultaría perjudicial tanto para las organizaciones de servicios humanos como para las personas a quienes éstas sirven.
La demanda es contra el Departamento de Comercio de EE.UU., que administra el Censo, y la Corte Suprema, el más alto foro judicial del país, tiene previsto realizar una audiencia del caso el próximo 23 de abril.
Dicha audiencia surge luego del veredicto del juez Jesse M. Furman, de la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York, quien el pasado enero indicó que el plan del Gobierno es ilegal, decisión que fue impugnada por la Administración del presidente Donald Trump y ahora decidirá el Supremo.
La Conferencia Católica, Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York y de los distritos de Brooklyn y Queens, así como organizaciones judías y protestantes que se les unieron argumentan que la decisión del secretario de Comercio, Wilbur Ross, de incluir la pregunta de ciudadanía violó la ley porque no informó al Congreso de su intención de hacerlo, con suficiente antelación al Censo.
Argumentan además al tribunal Supremo que se ha violado la separación de poderes y «tiene un efecto antidemocrático perjudicial».
Las organizaciones católicas afirman que debido al posible bajo recuento de la población, estados como Nueva York verían una «reducción injustificada en la reasignación de fondos gubernamentales» de los programas federales que distribuyen el dinero a base de los datos del censo.
«Esos recortes de fondos amenazan con causar un caos social generalizado», según el documento, que indica además que las agencias de servicios sociales que brindan servicios a las poblaciones vulnerables podrían desaparecer.
El resultado sería que las decenas de miles de neoyorquinos que dependen de estos servicios «serán dejados a la intemperie, sin los servicios que necesitan y de los que dependen».
«Para empeorar las cosas, la escasez de recursos amenaza con fomentar el conflicto entre diversos grupos raciales, étnicos y religiosos en un momento en que, por varias otras razones, esas tensiones ya están tristemente en aumento en este país», argumentan los líderes religiosos.
Ross ha dicho que tomó la decisión de incluir la pregunta, en contra de las recomendaciones de la Oficina del Censo, y la ha defendido asegurando que es necesario conocer el estatus legal de los residentes del país para una mejor comprensión de la población y ha insistido en que todas las respuestas son confidenciales.
Sin embargo, activistas, políticos y otros sectores que se oponen han advertido que la pregunta disuadiría de participar a millones de personas y, por tanto, ofrecería una visión distorsionada del censo, alterando el mapa electoral y el reparto de fondos públicos.
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