La República Dominicana enfrenta un reto crucial en su sistema educativo: la escasez de docentes, un desafío que podría requerir de aumentar el porcentaje del PIB que el país destina a la educación, según el “Informe Mundial sobre el personal docente: afrontar la escasez de docentes y transformar la profesión”, dado a conocer por la Unesco.
Este problema no solo compromete la calidad de la enseñanza, sino que también pone en riesgo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030,
En el contexto de un mundo cada vez más interconectado, la educación se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo social y económico de cualquier país. Este reporte indaga en la situación actual del personal docente en el país, las políticas implementadas y los desafíos que persisten.
El reporte toca la escasez cuantitativa y cualitativa. Según el Ministerio de Educación (MINERD), la República Dominicana requiere 10,000 docentes adicionales para satisfacer la demanda en educación primaria y secundaria. Esta necesidad es aún más pronunciada en zonas rurales, donde la relación estudiante-docente se sitúa en 45:1, en comparación con el estándar ideal de 25:1.
Además, la formación del cuerpo docente presenta serias falencias: solo el 68% de los docentes de primaria cuenta con formación pedagógica especializada, y este porcentaje baja al 55% en secundaria. Esta inadequada preparación limita la capacidad de los educadores para ofrecer una enseñanza de calidad.
El informe toca las condiciones laborales de los docentes dominicanos, que dice son otro factor que contribuye a la crisis.
Con un salario promedio de RD$25,000 mensuales (USD$425), los educadores están mal remunerados en comparación con otros profesionales que requieren calificaciones similares, que perciben alrededor de RD$40,000 (USD$680).
Esta diferencia salarial, junto a la falta de incentivos para trabajar en regiones apartadas, ha llevado a una alta tasa de rotación y abandono; aproximadamente el 9% de los docentes deja la profesión cada año por motivos económicos.
Las desigualdades geográficas agravan la crisis. En provincias como Elías Piña, Independencia y Pedernales, el 70% de las escuelas rurales opera con docentes multigrado, es decir, aquellos que enseñan a estudiantes de diferentes niveles en una misma aula. Esta situación vulnera la calidad educativa al limitar la atención personalizada y dificultar el aprendizaje efectivo.
Para abordar la escasez de docentes, el MINERD ha implementado el ´Plan Nacional de Formación Docente 2021-2026´. Este programa tiene el objetivo de capacitar a 15,000 educadores en metodologías innovadoras y competencias digitales. Sin embargo, es preocupante que solo el 30% de los docentes rurales haya accedido a estos programas debido a limitaciones logísticas y a la falta de recursos.
En 2022, se lanzó una iniciativa que incluye bonos de RD$5,000 mensuales para docentes en zonas marginadas, así como la mejora de infraestructuras escolares en 120 comunidades. A pesar de estas medidas, persisten quejas sobre la falta de viviendas dignas y el transporte seguro en áreas remotas, lo que sigue desincentivando a los educadores a permanecer en sus puestos.
La colaboración con organismos internacionales ha permitido al país recibir USD$50 millones para fortalecer la formación docente y digitalizar contenidos educativos. Programas como Educación para Todos han beneficiado a 200,000 estudiantes, pero el impacto en la reducción de la escasez de docentes aún es limitado, subrayando la necesidad de más acciones concretas.
La fuga de cerebros es un fenómeno real en la educación dominicana. Muchos educadores capacitados buscan mejores oportunidades en el extranjero, especialmente en Estados Unidos y Puerto Rico. Según la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), 1 de cada 5 docentes jóvenes considera emigrar en los próximos cinco años, lo que exacerba aún más la crisis en el sector.
La distribución de género dentro del cuerpo docente también plantea desafíos. A pesar de que el 72% del personal docente son mujeres, solo el 35% ocupa puestos directivos en las escuelas. Las normas culturales y las responsabilidades familiares a menudo impiden que las mujeres lleguen a posiciones de liderazgo, lo que limita su influencia en el sistema educativo.
La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto las brechas tecnológicas existentes en el país. Se estima que el 40% de los docentes rurales no tenía acceso a internet durante el periodo de enseñanza en línea. Aunque se distribuyeron 500,000 tabletas, la falta de capacitación digital efectiva ha limitado su uso en las aulas, subrayando la necesidad de una formación adecuada para adaptarse a estos nuevos desafíos.
Para lograr las metas del ODS 4 y mejorar el sistema educativo, expertos y especialistas proponen varias recomendaciones:
– Aumentar el presupuesto educativo del 4% al 6% del PIB, enfocándose en salarios y formación profesional.
– Expandir programas de mentoría para docentes noveles, inspirados en el modelo Maestros Guías que se ha implementado en Santiago.
– Fortalecer la cooperación con universidades para garantizar que los graduados en educación cuenten con habilidades en áreas clave como STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).
– Promover la equidad geográfica mediante incentivos fiscales para atraer y retener a docentes en zonas rurales, así como establecer alianzas público-privadas para mejorar las infraestructuras educativas.
En un recorrido por las aulas dominicanas, surgen voces que ilustran la realidad del día a día en este sector.
“Enseño a tres grados simultáneamente. Necesitamos más manos y recursos”, dijo María López, docente en Montecristi.
“Sin una reforma estructural que dignifique la profesión, seguiremos perdiendo talento”. expresó Juan Pérez, experto en educación:
La República Dominicana tiene una oportunidad única para transformar su sistema educativo mediante inversiones estratégicas en su personal docente.
Como ha señalado la UNESCO, “una profesión docente valorada y apoyada es la piedra angular de una educación de calidad”.
Con voluntad política y acción inmediata, el país puede construir un futuro donde la educación no sea solo un derecho, sino una verdadera herramienta de desarrollo personal y colectivo que garantice que ningún estudiante se quede atrás en el camino hacia 2030.
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