Madrid.- El Gobierno español aprobó este viernes el Plan Integral de Prevención del Tabaquismo (PIT) 2024-2027, una nueva hoja de ruta contra el tabaquismo que contempla medidas como una ampliación de los espacios en los que no se podrá fumar, el incremento de la fiscalidad o la equiparación de los vapeadores.
«Desde hoy, este plan es una realidad y este logro es un motivo de orgullo nacional», enfatizó la ministra de Sanidad española, Mónica García, al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que culminó con consenso, ya que la propuesta final fue avalada todos los gobiernos regionales, tanto los gobernados por sociales como por conservadores.
Un plan que, continuó «ahora toca» materializar en una serie de iniciativas legislativas, entre ellas las que regularán los nuevos espacios sin humo, el empaquetado genérico o la equiparación de los dispositivos electrónicos al tabaco convencional en materia de promoción y publicidad.
En la práctica, el plan no será realmente efectivo todavía y habrá que esperar al paquete legislativo para una verdadera transformación.
Lo que hace es sentar las bases sobre las que se sustentarán las distintas iniciativas que se acometerán mediante decretos -más rápidos- o reformas de la normativa actual o nuevas leyes -que serán más lentas-.
En definitiva, lo más inmediato serán todas aquellas medidas que no impliquen legislación, como las relacionadas con campañas de concienciación o capacitación de profesionales, y que con este plan tendrán desde ahora «más empaque», en palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García.
El Gobierno aboga por prohibir fumar en terrazas, marquesinas o playas, pero eso tendrá que quedar plasmado en una actualización de la ley antitabaco de 2006, actualizada en 2010, que tendrá que negociarse en el Parlamento.
De momento, se va a poder seguir fumando donde está permitido, hasta que se prohíba por ley, no obstante los gobiernos regionales pueden optar, si así lo quieren, por promover más espacios sin humo.
De hecho, ya muchos lo están haciendo, como Galicia, que extendió las ‘Playas sin humo’ a parques o puertos.
La estrategia pretende equiparar los dispositivos electrónicos al tabaco convencional imponiendo restricciones a la venta, suministro y requisitos de etiquetado, fabricación y comercialización, de forma que solo puedan comercializarse en puntos determinados, como ocurre con los cigarrillos.
Así, la idea es, tal y como recoge el documento, equiparar su promoción y publicidad a la de las formas de consumo más tradicionales tanto en los dispositivos que utilicen líquidos, cartuchos o recambios con nicotina como los que no la contengan, pues estos últimos «son los más utilizados por la población joven y son puerta de entrada al consumo de tabaco y la adicción posterior».
La restricción del uso de logotipos, colores, imágenes de la marca o información promocional que no sean el nombre comercial o el nombre del producto en un color y tipo de letra normalizados es una de las medidas que causó controversia inicialmente entre los gobiernos regionales.
Pero este aspecto también requiere una reforma legislativa, en concreto del real decreto de 2017 que regula determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados.
De hecho, es la primera medida con la que Sanidad va a estrenar su estrategia antitabaco, sacando «ya» a consulta pública la iniciativa, según avanzó ayer a EFE el director general de Salud Pública y Equidad en Salud, Pedro Gullón.
Para reducir el consumo, la estrategia apuesta también por el aumento del precio del tabaco a través de una subida en su fiscalidad.
Tampoco esto va a cambiar de momento. Sanidad está negociando con Hacienda, único ministerio que tiene la competencia de hacerlo, para impulsar iniciativas que incrementen la fiscalidad y que esos fondos puedan ir destinados a algunas medidas del plan en materia de prevención.