Espionaje a través de la red semafórica: otro oscuro trasfondo del caso Transcore Latam
Según la orden de arresto emitida por la Procuraduría General de la República, la manipulación de estos dispositivos permitió a José Ángel Gómez Canaán y otros miembros de Transcore Latam tener acceso directo a las cámaras instaladas en puntos clave de la ciudad.
SANTO DOMINGO. El escándalo de Transcore Latam ha revelado un aspecto aún más inquietante que la corrupción y el sabotaje de la red semafórica del Gran Santo Domingo: el presunto uso de las cámaras de vigilancia instaladas como parte del sistema para fines de espionaje ilegal.
Entre marzo y agosto de 2024, Transcore Latam S.R.L. instaló sin autorización una serie de reguladores semafóricos que incluían cámaras de vigilancia y sistemas de control remoto que, en principio, debían servir para la supervisión del tráfico y la seguridad vial.
Sin embargo, las investigaciones del Ministerio Público revelaron que este equipo no solo estaba diseñado para la gestión del tráfico, sino que fue utilizado para la captura de información sensible, dando lugar a una red de espionaje ilegal en pleno funcionamiento.
Según la orden de arresto emitida por la Procuraduría General de la República, la manipulación de estos dispositivos permitió a José Ángel Gómez Canaán y otros miembros de Transcore Latam tener acceso directo a las cámaras instaladas en puntos clave de la ciudad.
Estas cámaras, además de controlar el flujo de vehículos, tenían la capacidad de monitorear intersecciones estratégicas, lo que las convirtió en herramientas para la recolección de información confidencial, potencialmente utilizada para chantaje o extorsión.
Según el expediente, «las cámaras instaladas, destinadas a la vigilancia del tráfico, estaban siendo utilizadas para un esquema de espionaje ilegal dirigido por José Ángel Gómez Canaán y Carlos Peguero, entre otros»(ordenanza-2024-aj002078…).
Este hecho cobra mayor relevancia cuando se examina en el contexto del acceso privilegiado que tenía la empresa sobre la infraestructura semafórica. El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) ya había advertido al INTRANT, en una carta enviada a Hugo Beras, sobre la necesidad de mantener la plataforma bajo control estatal debido a su naturaleza sensible. A pesar de estas advertencias, el acuerdo con Transcore Latam siguió adelante, lo que facilitó el supuesto uso indebido de la red semafórica.
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