El documento judicial destaca alianzas con grupos como las FARC, ELN y carteles mexicanos para el envío de cocaína.
Nicolás Maduro y su círculo son señalados en EE.UU. por dirigir una red de narco-terrorismo internacional.
Nueva York.– Un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal ampliada contra el presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, altos funcionarios de su gobierno, familiares directos y jefes criminales, a quienes señala de dirigir durante más de dos décadas una estructura de narcotráfico y narco-terrorismo que habría enviado cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Según el documento judicial, sellado como Superseding Indictment, las autoridades estadounidenses acusan a Maduro de encabezar un narco-Estado, utilizando instituciones civiles, militares y diplomáticas venezolanas para facilitar el tráfico de drogas, proteger rutas ilícitas y colaborar con organizaciones catalogadas como terroristas.
Altos funcionarios y familiares entre los acusados
Además de Maduro, la acusación incluye a Diosdado Cabello, ministro del Interior; Ramón Rodríguez Chacín, exministro; Cilia Flores, esposa del mandatario; Nicolás Maduro Guerra (“Nicolasito”), su hijo; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores (“Niño Guerrero”), señalado como líder del Tren de Aragua.
El texto sostiene que la red criminal operó desde 1999 hasta 2025, período durante el cual los acusados habrían protegido envíos de cocaína por vía aérea y marítima, utilizando aeropuertos oficiales, pistas clandestinas y puertos venezolanos.
El gran jurado afirma que los acusados mantuvieron alianzas con organizaciones armadas y criminales como las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua, todos señalados por su participación en el tráfico de drogas, violencia armada y otras actividades ilícitas.
De acuerdo con la acusación, parte de la cocaína producida en Colombia era trasladada bajo protección oficial hacia Venezuela y luego enviada a Estados Unidos a través de Centroamérica, México y el Caribe.
El expediente presenta cuatro cargos principales: conspiración de narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, uso de armas de guerra en delitos de narcotráfico y conspiración para poseer armamento pesado.
También se solicita el decomiso de bienes, dinero, propiedades y armas, así como la incautación de activos sustitutos vinculados a las operaciones ilícitas.
Las autoridades estadounidenses subrayan que esta acusación refuerza órdenes de captura internacional, solicitudes de extradición y sanciones financieras contra los implicados. No obstante, el documento aclara que se trata de acusaciones, no de una sentencia, y que los señalados deberán responder ante la justicia estadounidense para que se determine su responsabilidad penal.