SANTO DOMINGO.- La situación que ha estado ocurriendo con la ley de extinción de dominio desde 2012 es digna de reflexión.
Y lo es porque su retraso, de casi una década, dibuja un cuadro lamentable en la sociedad dominicana.
Nos presenta a un poder político que abomina de esa legislación porque puede cambiar el curso de la lucha contra la corrupción y perjudicarle.
Otros poderes fácticos también observan el marco legal con ojerizas, lo cuestionan y le ponen obstáculos, pues sienten que tendrán mucho que perder.
La importancia de esta ley, que impone el decomiso civil de bienes sustraídos al Estado, es capital para golpear a la corrupción en el centro.
También será un batacazo al narcotráfico y al crimen organizado en general.
Las estructuras corruptas, públicas y privadas, no quieren saber de esta legislación y hacen diligencias para que no pase.
A uno le da la impresión de que el país es un gran nido de delincuentes de cuello blanco.
Algunos son tan hipócritas que se dedican a promover la ley y, paralelamente, la boicotean.
Este lunes el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el senador Antonio Taveras Guzmán, ha proclamado que el proyecto de legislación será reactivado el 27 de febrero y socializado con toda la sociedad.
Habla el legislador, inclusive, de la consecución de un millón de firmas. Yo diría que más que eso deberíamos ir todos a la Plaza de la Bandera a reclamar que la ley de Extinción de Dominio sea aprobada.
